Auto acordado en mayo de 2008
La jugada de la Corte Suprema para "limpiar" el mercado jurídico
A dos años del escándalo de la carrera de Criminalística, un caso similar viven egresados de Derecho. Pero esta vez el problema no es la falta de campo laboral. Sino una decisión de la Corte Suprema que decidió negar el título a los alumnos que finalizaron sus estudios a través de programas que para el Máximo Tribunal no dan la talla. El cambio a las reglas de juego es retroactivo, por lo que cientos de estudiantes se encontraron con la sorpresa después de haber pagado y finalizado todo. Ojo: aún está abierta esta opción en algunos planteles.
Por Claudia Urquieta Ch.
El 1 de septiembre de 2006, Carolina Valderrama inició un Programa Especial para Egresados de Derecho en la Universidad de Aconcagua. Estaba muy contenta porque la oferta era tentadora: le ofrecían estudios guiados que le permitirían rendir el examen de grado en un año y medio para obtener su licenciatura, que había reprobado en la Universidad de Viña del Mar en 2001.
En enero de 2008 tenía todo listo. Dirigió sus pasos a la Corte Suprema, con el fin de que revisaran sus antecedentes para que le entregaran el título. Pero luego de unos días se encontró con la sorpresa de que no aceptaban sus documentos. La única explicación fue que había algunos reparos.
Similar respuesta tuvo Juan Valladares, de 53 años. Valladares terminó sus estudios en 1980. Con cuatro hijos universitarios, decidió dar el ejemplo y terminar lo iniciado. Por eso vio en este programa una excelente salida. Sobre todo porque algunos de los profesores eran reconocidas personalidades jurídicas, como los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda y Mónica González, así como el fiscal jefe de Valparaíso, Pablo Gómez. Con semejantes credenciales, los profesores le otorgaban suma confianza.
Dos millones 400 mil pesos de inversión cancelados en 18 cuotas, 4 meses en que dedicó tiempo completo a estudiar y prepararse para rendir el examen de grado, fueron algunos de los costos que tuvo que pagar. Pero valía la pena.
Lo que no sabía Juan era que su destino ya estaba trazado. Porque a pesar de que presentó sus papeles en marzo del año pasado, la Corte Suprema no le otorgó el título en base a un acuerdo de los "Supremos" (auto acordado), firmado dos meses después, el 9 de mayo. El acuerdo niega la entrega del título a aquellos alumnos que hayan finalizado sus estudios en una institución que no ofrezca el programa de Derecho completo. Y como la Universidad de Aconcagua recién empezó esta carrera en 2007, todos los estudiantes del programa de Carolina y Juan se quedaron sin cartón. ¿Por qué? La medida es retroactiva, se enteraron.
En vista de esto, la casa de estudios decidió cerrar el programa y llegar a algún acuerdo con el alumnado.
El shock que vivieron los afectados -que sumarían unos 400, sólo en esa casa de estudios, de propiedad de Gonzalo Vial, dueño de Agrosuper- fue de proporciones. Nadie entendía, aseguran los entrevistados, cómo era posible que las reglas del juego hubieran cambiado de la noche a la mañana. Y que los más de dos millones de pesos desembolsados en el programa se esfumaran en el aire. Sin contar el tiempo perdido ni los 6 o más millones que muchos ya habían invertido en sus planteles iniciales. Para peor, en medio de los vientos de crisis que luego la presidenta Michelle Bachelet calificaría como un serio "vendaval".
Por eso las conversaciones con la Universidad no se hicieron esperar. Tres son las posibilidades que les ofrecieron. Una, es que les devuelvan un porcentaje del arancel dependiendo de cada caso. Pero esto implica firmar una cláusula de confidencialidad y renunciar a interponer acciones legales y civiles en contra de la institución.
La otra opción es que tomen las acciones legales que quisieran. O que esperen hasta 2012, cuando estaría "todo resuelto", porque la Universidad de Aconcagua completaría los cinco años de la carrera de Derecho que exige la Corte Suprema. "¿Pero qué hacemos hasta cuatro años más?", se preguntan Carolina y Juan. Ambos diseñaron su futuro basado en una promesa académica que ahora parece desvanecerse sin la certeza de que en 2012 puedan titularse.
"Esta medida es muy compleja, porque es como hacerle un fraude a la Corte. O sea, somos los mismos alumnos a los que nos negaron los títulos, así que supongo que la idea es cambiarnos las fechas de egreso del programa", dice Valderrama.
Esta fórmula ya fue tomada por la Universidad Ciencia e Información (UCINF). Allí el auto acordado de la Corte también dejó una estela de heridos. Pero como este año la carrera de Derecho completa el ciclo, optaron por "alargar" un año el programa especial. Así, en marzo saldrá la "primera" generación de egresados aunque en realidad terminaron el año pasado. Entonces supieron que sus títulos fueron rechazados.
Para 2009 la UCINF tiene abiertas sus puertas a interesados en el programa cuestionado por los "Supremos". Aunque no está claro si la Corte les dará luz verde, ya que hoy sólo hay interpretaciones del auto acordado. Es decir, no existe claridad de lo que pueda pasar con esta nueva generación o lo que pueda determinar el Máximo Tribunal.
¿Quién corta el queque?
Si bien hay otros centros de estudio superior que se encontrarían en la misma situación, no fue posible confirmarlo. En el Ministerio de Educación (Mineduc) no tienen datos al respecto, por lo que tampoco hay cifras oficiales del número de afectados.
Según Christian Lucero, que luego de vivir en carne propia la situación en la Universidad de Aconcagua empezó un largo periplo buscando respaldo, unos dos mil estudiantes han sufrido las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema. Lucero enumera a alumnos de su Universidad, de la U de las Américas, la UNIACC, la Universidad Pedro de Valdivia y la mencionada UCINF. Pero sólo unos pocos se han coordinado, explica. Básicamente porque muchos prefieren no hacer mayor ruido para no poner en peligro sus trabajos, que en muchos casos están ligados a Tribunales. En otros, se trata de vergüenza, afirma.
Según la Jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, Sally Bendersky, los grados académicos otorgados por estas universidades son absolutamente válidos. Aunque el Mineduc reconoce la existencia del auto acordado, Bendersky explica que el tema no está cerrado: "Es una normativa interna modificable. Debemos conversar con la Corte".
Por otra parte, asegura que en el Ministerio no tuvieron conocimiento de esta decisión hasta que empezaron a llegar los reclamos directos, que por el momento suman unos 10, y aclara que está toda la disposición para "hacerse cargo de esta coyuntura".
Consultada sobre el daño que sufren muchas familias por casos como el de Criminalística -en que se ofreció un campo laboral inexistente- o éste, en que las reglas del juego cambiaron y aún así algunas Universidades continúan ofreciendo los programas, reconoce que "las facultades de fiscalización del Estado son bastante débiles y es parte del interés de esta gestión obtener el consenso de entidades relevantes para poder tener una supervisión más cercana de las instituciones de educación superior".
Pastelero a tus pasteles
En vista de los hechos, unos 50 afectados se coordinaron y están conformando una asociación gremial de egresados de Derecho. Para ello defender sus intereses contactaron a los abogados Nelson Caucoto y Hugo Gutiérrez, de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago.
Según adelanta Gutiérrez, la próxima semana presentarán un recurso de amparo económico en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que "el derecho a ejercer cualquier actividad económica lícita se encuentra menoscabado por el auto acordado ya que en conformidad a la Constitución este derecho sólo se puede limitar a través de una ley", dice el abogado. "Esto es abiertamente ilegal", afirma.
Con esta mis a línea de defensa planean recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En cuanto al rol del Mineduc, Gutiérrez señala que "tiene mucho que aportar ya que han señalado que los alumnos tienen razón en cuanto a que son las universidades las que otorgan el grado. Y que la Corte Suprema no puede decir a cuál le corresponde o no hacerlo".
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Rodrigo González Fernández
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