Durante las últimas dos semanas, las policías han estado de cabeza intentando resolver el homicidio de la ejecutiva financiera María Soledad Lapostol Luco, ocurrido el 20 de diciembre último. Hay un presunto autor del crimen, Luis Andrés Araya Galaz, que está plenamente identificado, aunque aún no ha sido detenido.
Sobre lo que todavía existen dudas es acerca de las motivaciones que habría tenido el supuesto homicida. Araya Galaz, hasta donde se sabe, engañó a la mujer pretendiendo comprar un vehículo, el mismo método que había usado en al menos diez atracos anteriores, que lo llevaron a purgar casi nueve años de cárcel. Esta vez aprovechó que Lapostol había puesto avisos
en diarios e internet para vender un todo terreno Mitsubishi, propiedad de un vecino que se encontraba fuera del país.
De allí que concertó una cita con la mujer y le pidió probar el automóvil por las calles de Santiago. Sorpresivamente, la empleada del Banco Penta se vio amenazada con un arma de fuego y terminó en la cajuela de la misma camioneta, maniatada y con cuatro balazos en la cabeza.
Según antecedentes recogidos por LND, los fiscales a cargo del caso, Jorge Reyes y Rodrigo de la Barra, tienen prácticamente la certeza de que se trató de un delito común. La cantidad de pruebas que refrendan la participación de Araya Galaz es tan abrumadora como sorprendente, y precisamente eso no ha dejado de llamar la atención. En el auto, por ejemplo, se encontró ropa ensangrentada de un hombre muestras con células epiteliales que permiten hacer identificaciones de ADN , el arma utilizada para el crimen y, como si aún fuera poco, un pequeño bolso con lápices y una tarjeta "memory stick" borrada, la que, tras algunas pericias, permitió descubrir fotografías de las hijas de Araya.
ASUNTO DE FAMILIA
La inusual abundancia de pruebas, junto con otros elementos, ha hecho que los dos fiscales mantengan aún en pie al menos una tesis alternativa sobre las motivaciones del crimen: un ajuste de cuentas o un crimen por encargo.
En fuentes allegadas a las familias León Lapostol marido e hijos y Lapostol Luco padres reconocen una división entre los familiares. En los últimos días, el viudo de María Soledad, Alfredo León, comenzó a sondear entre varios abogados la posibilidad de presentar una querella por el crimen. Entre los consultados estuvo el poderoso estudio jurídico de Juan Enrique Puga y Luis Ortiz Quiroga, aunque hasta el viernes no se definía cuál sería el camino a seguir.
Por otro lado, la familia paterna de María Soledad Lapostol, decidida a presentar una acción propia contra los responsables del homicidio, también comenzó a evaluar la contratación de abogados, barajando nombres como los de Francisco Cox ex integrante del estudio de Luis Hermosilla y Matías Balmaceda ex abogado de Jorge Lavandero.
Tanto los fiscales como la familia han descartado la existencia de antecedentes que confirmen animadversión explícita o amenazas en contra de los León Lapostol. Pero todos están conscientes de que una parte de la familia Lapostol Luco ha estado vinculada a hechos criminales significativos.
Un tío de la mujer, el general de la Fuerza Aérea Enrique Ruiz Bunger, fue durante la dictadura jefe del siniestro Comando Conjunto, mientras el primo de la víctima, Enrique Ruiz Luco, ha estado involucrado en estafas y fraudes aduaneros. Además, fue mencionado en la investigación por el crimen del abogado Rolando Coloma, asesinado en 2002 con un arma del mismo calibre (7,65 mm) con que fue ultimada María Soledad Lapostol. Ese mismo caso habría sido, también, el móvil de un robo en el edificio de los tribunales, en Compañía con Morandé, caso que es investigado por la ministra en visita Amanda Valdovinos.
A la espera de que se entreguen los informes del Servicio Médico Legal, fuentes ligadas a la investigación señalaron a LND que tanto fiscales como familiares están impactados por el ensañamiento que evidenciaba el cuerpo de María Soledad. Trascendió que presenta muestras de haber sido golpeada brutalmente, y en varias oportunidades, con un elemento contundente. Es posible, además, que el homicida haya intentado asfixiar a la mujer antes de usar el arma, y que, cuando se disponía a dispararle el quinto balazo, el arma se haya trabado.
La violencia utilizada en el homicidio tampoco concuerda con los antecedentes criminales de Araya Galaz, quien no mostró la misma brutalidad en los robos que perpetró antes de ser condenado, en 1998. Fuentes de Gendarmería señalan que los informes internos que se realizaron a Araya cuando éste postuló a beneficios, tampoco advirtieron sobre alguna peligrosidad, lo que llevó a concluir que su proceso de rehabilitación estaba completo.
Los últimos trascendidos policiales indican que Araya Galaz estaría oculto en la misma vivienda en que se escondió cuando la policía anunció públicamente que estaba tras sus pasos. Y las mismas fuentes sostienen también que el sospechoso no se entregará, ya que sabe que la condena que le espera por este crimen es de presidio perpetuo efectivo, es decir, 40 años sin beneficios.
EN ESPERA
Policías, fiscales y el Gobierno esperan que el presunto autor de este crimen sea capturado con rapidez. Aunque en un comienzo fue el OS-9 de Carabineros el que tuvo la orden exclusiva de investigar el caso, hace pocos días también se incorporó a la cacería la Policía de Investigaciones.
Como en ocasiones anteriores, la demora en la detención de prófugos de la justicia, siempre ha acarreado la competencia simultánea de ambas policías. LND confirmó que una buena parte del equipo que trabaja en el crimen de Lapostol Luco también está investigando el robo con homicidio en una sucursal del Banco Security en el centro de Santiago, el 18 de octubre. Aunque los presuntos autores del atraco que le costó la vida al cabo de Carabineros Luis Moyano, muerto de dos balazos fueron identificados como Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Carlos Gutiérrez, 80 días después del hecho tampoco han sido capturados.
El fiscal militar Roberto Reveco, a cargo del caso, confirmó que, además del encargo inicial a Carabineros, también se entregó una orden de búsqueda y detención de los cuatro sujetos a Investigaciones.
En fuentes de la justicia castrense están convencidos de que la demora en la captura de los prófugos se debe a que éstos cuentan con una amplia red de protección, y que tanto ellos como sus familiares tienen experiencia en este tipo de situaciones. De hecho, Carabineros detuvo el viernes a un número indeterminado de personas como presuntos encubridores de Carlos Gutiérrez Quiduleo. "Esto demuestra que hay un entorno que los protege y eso dificulta las tareas de búsqueda. Son personas que han cometido delitos y que han sido buscadas por la policía, así que saben cómo desenvolverse, la familia también", señaló Reveco a LND.
Hasta ahora, el fiscal militar no ha ampliado la orden entregada a la policía civil, centrándola sólo en la detención de los prófugos. El motivo, señala, es que "las indagaciones están bien hechas y no se justifica duplicar una investigación". Sin embargo, hasta ahora tampoco se han obtenido datos concretos que indiquen el paradero de los sujetos, y otras fuentes ligadas al caso creen que, tal como ocurrió con frentistas que se fugaron en 1996, los subversivos podrían haber salido del país clandestinamente.
DURO DE ATRAPAR
Otro caso de prófugos ilustres que tiene de cabeza a las policías es el del teniente coronel (R) de Carabineros Iván Belarmino Quiroz Ruiz. El también ex agente de la CNI tiene complicado al alto mando de Investigaciones, encabezado por Arturo Herrera, al punto que la recientemente creada Jefatura de Derechos Humanos de la policía civil ha puesto su captura como uno de los principales objetivos.
A los detectives les pesa el haber recibido críticas del propio ministro en visita que condenó al ex carabinero, Mario Carroza, el que prefirió entregar también una orden de captura al OS-9 de la policía uniformada.
"El capitán Velasco", como le decían sus compañeros en el organismo represor, decidió evadir la justicia luego de que se hiciera efectiva una condena en su contra de diez años por los crímenes de 12 frentistas en la llamada Operación Albania. A esto se sumó que el 29 de diciembre pasado, cuando ya llevaba varios meses huyendo, se le agregó otra condena, a otros 13 años de cárcel, por los crímenes de Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera, Abraham Muskatblit y el periodista José Carrasco, perpetrados entre el 7 y 8 de septiembre de 1987.
Originalmente, el ministro Carroza había elegido para la tarea al experimentado prefecto Mario Zelada, quien ha investigado la mayoría de los casos de la CNI, donde Quiroz desarrolló gran parte de su carrera criminal. Sin embargo, en los mismos momentos en que el ministro a cargo de la causa críticaba la falta de resultados del trabajo policial, al interior de la policía civil se vivía un tenso clima debido a la pugna entre el director Herrera y el entonces prefecto de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado, Rafael Castillo. Fuentes de la institución señalan incluso que la cercana relación de Castillo con Zelada trabajaron juntos durante gran parte de sus carreras hizo que el grupo de este último careciera de los medios adecuados para trabajar, por lo que en más de una ocasión Quiroz se les escapó "por un pelo" (ver recuadro).
Con la salida de Castillo del alto mando, hace un mes, la orgánica interna de DDHH de Investigaciones fue modificada, y se creó la Jefatura Nacional de Derechos Humanos, a cargo del prefecto José Cabión.
Este último, de confianza de Herrera, relevó del mando a Zelada y puso en su reemplazo al subprefecto Juan Astorga, quien proviene de la Inspectoría y no tiene experiencia reciente en casos similares. "Después de dos meses desde que recibí el caso me di cuenta de que era muy poco lo que se había avanzado, razón por la cual creé otro grupo, incluyendo a la misma gente que estaba, pero un grupo multidisciplinario", explicó a LND el prefecto Cabión. A este equipo destinó a personal de la Brigada de Ubicación de Personas y de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado. "Además, se eligió a Astorga como jefe operativo debido a que ya había trabajado antes en derechos humanos, en el Departamento Quinto", señala Cabión, admitiendo, sin embargo, que hoy no hay ninguna línea de análisis que sea considerada como fundamental en el intento de dar con Quiroz.
Respecto de la posibilidad de crear grupos especiales de detención de militares en situación en rebeldía, sobre todo teniendo en cuenta los casos de Lautaro Castro, Raúl Iturriaga y el mismo Quiroz y las nuevas condenas que vienen , el nuevo jefe nacional de DDHH de la policía civil no descartó la creación de un grupo permanente de ubicación de personas. "No se puede hacer más. Porque yo no puedo dar consejos a los ministros sobre cómo dictar las órdenes de detención para los condenados y así evitar estas fugas. Lo que sí se puede efectuar es un trabajo coordinado con ellos", destaca Cabión, al tiempo que descarta aplicar medidas preventivas como seguimientos, debido a que en Chile éstos son ilegales.
Los tres casos mencionados (Lapostol, Banco Security y Quiroz) tienen a sus protagonistas prófugos, unos con más tiempos que otros y en ambos, las dos policías pugnan por atraparlos. Sin ir más lejos, trascendió que hace algunos días, en Lampa, la intromisión de Carabineros frustró un operativo de Investigaciones que estaba tras los pasos del presunto asesino de María Soledad Lapostol. LND
No será fácil. Prometo aunar todo el profesionalismo adquirido con el tiempo y dar un brochazo grueso de imparcialidad, pero es el momento de hablar de ella.
Los Reyes Magos del diario El Mundo me vuelven a traer por tercer año consecutivo (
La competencia entre las redes sociales por la atención de los usuarios está alcanzando límites insospechados y decididamente feos. Cuenta TechCrunch como 
Los nombres que han circulado van desde el vocero Francisco Vidal (PPD) al diputado y vicepresidente DC Jorge Burgos. Si fuera designado el primero, ello implicaría un completo reacomodo del comité político y un DC o PS ejercería la vocería. Pero si fuera Burgos el elegido, no habría mayor movimiento en las carteras políticas. Sin embargo, esta última posibilidad es la menos probable, pues el parlamentario habría notificado a La Moneda que no le interesa el puesto por, entre otras cosas, no tener la seguridad de que la jurisprudencia lo permite.