 España decide qué actitud tomar respecto de la eutanasia. |
Inmaculada Echevarría, quizás sin quererlo, allanó el camino. Su muerte hace un año -tras una larga lucha para ser desconectada del respirador que la mantenía con vida- ha llevado al gobierno socialista español a reflexionar -al menos- sobre la eutanasia. Inmaculada no pedía nada ilegal. Ella estaba en su derecho de decidir si quería continuar con ayuda artificial. También estaba en su derecho de que una vez que la desconectaran, la sedaran para que la muerte fuera sin sufrimiento.
Su caso influyó para que la Junta de Andalucía -primero- y el Gobierno de España -después- reabrieran el debate sobre el suicidio asistido y la eutanasia.
Mientras la comunidad autónoma está a punto de aprobar una legislación sobre Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, en el gobierno central, el Ministerio de Sanidad inició un proceso de reflexión con varios expertos que determinarán si es viable o no reformar el código penal.
Actualmente en España la eutanasia es considerada como homicidio y en Europa sólo es permitida en Bélgica, Holanda y Suiza.
Una cuestión de garantías
Si bien es cierto que desde el año 2002 existe en el país ibérico una Ley de Autonomía del Paciente, la experiencia de Echevarría -en el que los facultativos del hospital religioso donde estaba ingresada se negaron a obedecer el deseo de la paciente- fue la razón que llevó a la Consejería de Salud de Andalucía a hilar aún más fino.
María Jesús Montero, consejera de Salud andaluza, le explicó a BBC Mundo que su iniciativa busca que se establezca "un sistema de garantías en el que seamos capaces de tener la seguridad de que el paciente pueda ejercer su derecho y que el criterio del médico siempre tome en cuenta la decisión de éste".
También se quiere garantizar que las prácticas de sedación no se pongan en entredicho y que el especialista no termine en un tribunal.
Rogelio Altisent, presidente del Comité Deontológico de Médicos de España, está de acuerdo con la consejera en que hay ciertos aspectos sobre el derecho a una muerte digna que habría que legislar. Sin embargo, hay otros que según su opinión ya son obvios.
"Cuando se habla del derecho a recibir tratamiento para paliar el dolor, el derecho a la sedación terminal, eso es como decir al paciente con una infección que hay que tratarle con antibióticos. ¡Es redundante!", le explica a BBC Mundo.
Altisent sugiere que el tratamiento de ciertos casos específicos -como la negación de un médico de cumplir el deseo de un paciente de estas características- sea a través del código deontológico y no con un juicio: "Tenemos serias dudas de que la legislación sea la vía".
El otro paso
Si con la legislación andaluza el paciente debería tener garantizado el cumplimiento de su derecho a, por un lado, renunciar a un tratamiento y, por el otro, a que le ofrezcan la sedación terminal, la intención del ministro de Sanidad español, Bernat Soria, va un paso más allá.
 El caso de Ramón Sampedro despertó un debate en España. |
Soria tiene intenciones de que antes que finalice el gobierno actual se regule el suicidio asistido.
Actualmente el código penal vigente en el país castiga con dos años a quienes presten ayuda a morir.
El caso que más hizo por reabrir este debate en España fue el del tetrapléjico Ramón Sampedro, que fue conocido fuera de España a partir de la película sobre su vida le valió un Oscar a su director, Alejandro Amenábar.
Para el ministro Soria, hoy en día los españoles están listos para afrontar un debate de estas características y por eso lo ha puesto en marcha.
De hecho ya existen más de 30.000 personas (según datos del Ministerio de Sanidad) que han dejado un testamento vital en el que reclaman su derecho a una muerte digna.
"Estamos preparados"
Poco después de la muerte de Sampedro, Gustavo Subirá acudió a una conferencia de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) que se realizó en Barcelona. Le apasionó el tema, se hizo socio y actualmente es el presidente de esta organización que lucha porque se legalice el suicidio asistido y la eutanasia.
Subirá considera que la sociedad no sólo está lista para el debate, sino para que se reforme el código penal en España.
"Estamos preparados. Se han hecho muchas encuestas rigurosas y no tan rigurosas y siempre sale que entre el 70 y el 80% de la ciudadanía está a favor de esta libertad individual, a favor de que se despenalice la eutanasia, evidentemente con una serie de requisitos y garantías".
Sin embargo, asociaciones como Derecho a Vivir, mantienen una posición contraria a la eutanasia, debido a que las personas que lo piden "lo hacen en una situación de angustia vital".
"Es normal que una persona deprimida quiera morir", explicó a BBC Mundo una de las portavoces de la agrupación, Blanca Escobar, quien agrega que "en la mayor parte de los casos, los que piden la eutanasia lo hacen por motivos psicológicos".
Escobar considera que los pacientes pueden pedir la eutanasia por presiones familiares. "Porque significa un gasto importante. Todo esto (de la muerte asistida) trata de cubrir un poco con el velo de la falsa piedad, y lo que se quiere es acabar con su vida".
DMD, es tajante cuando explica que una de los objetivos que tienen es corroborar que el paciente es autónomo en la decisión de suspender su tratamiento y acabar con su vida, que nadie ha influido en su decisión. Sólo entonces le informa al miembro lo que debe tomar para que el suicidio sea efectivo y sin dolor.
"El paciente tiene que saber claramente cuáles son sus posibilidades, sus diagnósticos y su pronóstico cara al futuro. Dar información no es delito. Nosotros podemos asesorar a una persona para que suicide con éxito y sin sufrir, porque si se suicida mal y falla, la mayoría de las veces queda peor que antes", agregó.
¿Qué es vida?
DMD considera que la reflexión sobre el suicidio asistido y la eutanasia debe aclarar la cuestión de lo que quiere el paciente, de sus derechos y sus libertades, independientemente de la opinión de la familia, puesto que "el derecho del paciente no va en contra de nadie, es algo que le corresponde a él".
Participe: ¿Quién debe decidir?
Por otra parte, también hay que responder las preguntas sobre lo que se considera vida y lo que se considera salvar una vida. ¿Salvar una vida significa mantenerla respirando? ¿O más bien curarla del todo? ¿Tener una vida significa mantener los signos vitales?
"Salvarme no significa que usted me reanime, me llene de tubos y de electrodos y me mantenga vivo un mes o un año más", aclara Subirá. "Eso no es salvarme. Habría que definir el concepto de salvación".
Por su parte Escobar, de Derecho a Vivir, considera que las personas con enfermedades crónicas o irreversibles también pueden tener una vida plena, siempre y cuando les den las facilidades para ello. "¿Por qué no tienen una vida plena? Porque quizás no le están dando la ayuda para que pueda tenerla".
De momento, el espacio para la reflexión está abierto. Durante un año, especialistas de España discutirán y analizarán si es viable regular el suicidio asistido y -de ser así- qué parámetros debería contener esa ley para garantizar los derechos del paciente y la seguridad del médico.
