Nairobi, 9 mar (EFE).- Cinco de los seis principales supuestos responsables de la violencia postelectoral registrada tras los últimos comicios en Kenia aseguraron hoy que cooperarán con la Corte Penal Internacional (CPI), tras el anuncio del tribunal de abrir un sumario en su contra por aquellos hechos.
Uhuru Kenyatta, actual viceprimer ministro y ministro de Finanzas e hijo del primer presidente de Kenia tras la independencia, mostró hoy en las redes sociales Facebook y Twitter su "agradecimiento" a la CPI por "la oportunidad de ser escuchado" para demostrar su inocencia, que defiende.
Por su parte, la edición digital del diario local Daily Nation informó hoy de que el periodista Joshua Sang; el ex ministro de Industrialización Henry Kosgey; el ex ministro de Educación Superior William Ruto y el ex comisario de Policía Hussein Ali declararon su intención de colaborar con el Tribunal.
Quien aún no se ha pronunciado públicamente a este respecto es el jefe de Servicios Públicos y actual secretario del Consejo de Ministros, Francis Muthaura, al que el vicepresidente de la Asociación de Abogados de África Oriental, James Mwamu, y el obispo anglicano Binea Salala han pedido que deje su puesto.
Asimismo, Mwamu y Salala han exigido que Kenyatta y Ali abandonen sus cargos públicos tras el inicio del proceso por parte de la CPI, publicó el periódico local The Standard.
No obstante, el Gobierno keniano ha anunciado que recurrirá la competencia de la CPI para juzgar estos casos, según una declaración conjunta del fiscal general, Amos Wako, el ministro de Seguridad Interna, George Saitoti, y el de Justicia y Asuntos Constitucionales, Mutula Kilonzo.
Unas 1.300 personas resultaron muertas en Kenia a finales de 2007 y principios de 2008 y al menos otras 300.000 desplazadas de sus lugares de origen por la violencia política que siguió a los comicios presidenciales y legislativos.
El pasado 22 de diciembre, el Parlamento de Kenia aprobó, con un solo voto en contra, una moción a favor de sacar al país del Estatuto de Roma, para abandonar la jurisdicción de la CPI y evitar el procesamiento en La Haya de los seis señalados.
Incluso si Kenia pidiera su salida del Estatuto de Roma, no sería efectiva hasta doce meses después de la solicitud de baja y no le libraría de cooperar con la CPI en el caso ya abierto.
Tras la aprobación de esa moción, numerosas organizaciones sociales kenianas, contrarias a la opinión de los parlamentarios, se muestran a favor de "cambiar" a la clase política del país, a la que consideran "corrupta", en los próximos comicios de 2012.
La comunidad internacional y un gran número de organizaciones sociales kenianas han responsabilizado a los principales grupos políticos de la violencia postelectoral de 2007 y 2008 y exigido el procesamiento de los responsables para acabar con la impunidad en el país y garantizar unas elecciones pacíficas en el futuro.
Según una encuesta de la empresa Synovate publicada recientemente por la prensa keniana, el 85 por ciento de los ciudadanos prefiere que los máximos responsables de aquellos actos sean procesados por la CPI en La Haya, ya que desconfían de los tribunales locales.
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Rodrigo González Fernández
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