| Un testimonio histórico : Pablo Rodríguez Grez
El Presidente Pinochet no violó los derechos humanos y si no sancionó algunos lamentables excesos fue porque no le correspondía hacerlo a él.
El 10 de diciembre en curso se cerró la última página en la vida del general Augusto Pinochet Ugarte. Denostado y perseguido por medio de una campaña mundial de la cual no existe parangón en la historia, se mantuvo enhiesto y firme, sosteniendo su inocencia frente a la multitud de acusaciones infundadas que se dirigían en su contra. Para comprender lo sucedido debemos remontarnos a los años de la "guerra fría", en la cual el mundo se dividió entre demócratas y totalitarios, los unos bajo el alero de los Estados Unidos y los otros de la Unión Soviética. Todos los países de este continente debieron encarar esta disyuntiva y luchar contra la subversión y el terrorismo marxista que pretendía hacerse del poder pleno por medio de las armas. Esta es la causa última de una convulsión que nos arrastró al borde mismo de una guerra civil. El general Pinochet no eludió su deber y atajó el peligro de la desintegración nacional con mano de hierro, pero sin infringir la ley penal. ¿Cómo se construyeron las acusaciones en su contra? Se sostuvo que, si bien jamás el general Pinochet dio una orden para cometer un delito ni indujo a nadie a hacerlo, el atropello sistemático de los derechos humanos y la verticalidad del mando militar hacían al jefe responsable de lo que realizaban sus subordinados. Desde luego, no puede hablarse de una violación sistemática de los derechos humanos si se tiene en consideración que entre 1973 y 1975 el Gobierno Militar debió afrontar un resistencia subversiva armada que se mantuvo, con diferentes grados de intensidad, a lo largo de todo su mando. Nadie prestó atención ni los jueces consideraron los instructivos internos de las FF.AA. y de Orden que ordenaban respetar a los detenidos y ponerlos a disposición de la autoridad respectiva, ni los decretos leyes que promovió el general Pinochet para evitar abusos y garantizar los derechos de las personas sorprendidas en actividades conspirativas (especialmente el decretos leyes N°s 105 y 1.009, este último un estatuto destinado a tutelar los derechos de los afectados), ni las peticiones formuladas por la propia autoridad al Poder Judicial para la investigación de delitos graves, ni los atentados de que fueron víctimas, entre otros, Carol Urzúa, Roger Vergara, el presidente de la Corte Suprema y el propio general Pinochet. Durante años nuestros jueces se negaron a reconocer y analizar, como en justicia correspondía, lo obrado por el Jefe del Estado. El Presidente Pinochet no violó los derechos humanos y si no sancionó algunos lamentables excesos fue porque no le correspondía hacerlo a él, y porque la situación que vivía el país exigía velar por la férrea unidad de sus Fuerzas Armadas. Tampoco el general Pinochet incurrió en defraudación de recursos públicos ni en exacciones ilegales. Durante más de dos años se investigó a través de todo el mundo, exhaustivamente, sin que se hallara una sola irregularidad (ni sobornos, ni comisiones ilegales, ni uso de fondos fiscales). Más aún, en materia de gastos reservados se comprobó en el proceso que no sólo no se habían usado indebidamente, sino que fondos propios del Presidente de la República fueron destinados a la Casa Militar que debía ser financiada con recursos públicos. Ciertamente, nada de esto se dijo y se mantuvo desinformada a la ciudadanía, haciéndola creer falsedades y juicios calumniosos. ¡¡¡Si ni siquiera se designó por el Tribunal un auditor independiente para analizar las cuentas del Banco Riggs!!! Nadie quiso aceptar que, atendida la persecución de que era objeto el Jefe de Estado a través del mundo, era explicable y lógico que sus recursos se mantuvieran protegidos. La hostilidad, el odio y el revanchismo de que ha sido objeto el ex Presidente Pinochet son directamente proporcionales a la magnitud de su obra. Ahora, al abrirse las primeras páginas de su historia, es un imperativo nuestro aclarar lo ocurrido e identificar a quienes organizaron y llevaron adelante esta campaña que llegó al extremo de falsificar certificados sobre la posesión de más de nueve mil kilos de oro, con el solo fin de enlodarlo. Quizás si sea éste el sino de los grandes hombres: servir a su patria y recibir de ella lo que irónicamente hemos llamado "el pago de Chile".
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