Alberto Jordán Hernández
"Los que no quieren pensar como yo, están en libertad de no pensar", la leyenda de una caricatura de Pedro León Zapata, es una acertada definición de ese megalómano que nos (des) gobierna desde hace ocho años y quien abusa de los medios de comunicación social que convirtieron en éxito político el rotundo fracaso del golpe de estado que lideró el 4 de febrero de 1992 (4F92).
Recurrimos a la cita debido a que el próximo martes estaremos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en conmemoración de la Declaración de Windhoek (Namibia). Esta fue redactada en el Seminario para el Fomento de una Prensa Africana Independiente y Pluralista, celebrado el 3 de mayo de 1991.
En libertad de expresión, Venezuela ocupa un papel preponderante en la historia, porque en 1811 se convirtió en el primer país del mundo de habla hispana, en consagrarla constitucionalmente. Numerosos y sangrientos han resultado los atropellos, por el ejercicio de ese derecho, que la bolivariana Carta Magna aprobada en el Congreso de Angostura en 1819, calificó como "el primero y más inestimable bien del hombre en sociedad". Y para garantizarlo plenamente establecía que "La misma ley no puede prohibirlo". Responsable de esos agravios es el teniente coronel Hugo Chávez, por quien el gremio periodístico llegó hasta realizar una huelga de prensa para que en su etapa de golpista se le reconociera el histórico derecho. El nefasto régimen que preside, ostenta el deplorable récord de catorce muertes de ciudadanos ligados a la comunicación, algunos en pleno ejercicio del periodismo; unos mil detenidos, igual cifra de heridos; varios exiliados y unos trescientos sometidos a juicios penales o a sanciones administrativas. Treinta y seis denuncias de agresiones son procesadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este Día Mundial de la Libertad de Prensa, debe ser para nosotros ocasión propicia para el debate y la reflexión sobre este derecho. La lucha por su ejercicio pleno, se ha revertido contra los comunicadores, medios y la misma sociedad civil. Responsables somos de la proyección de la imagen de confesos enemigos de la libre expresión del pensamiento, que públicamente llegan personalmente a la agresión.
El derecho a la información nos coloca también en un lugar privilegiado: Trece artículos incluidos en nuestra Ley Suprema, no los cuenta ninguna Constitución de América y quizá del mundo entero. Fue el triunfo de una lucha de tres décadas, no obstante la firme oposición oficial, especialmente a la norma que estimamos fundamental (Artículo 57), que no tuvimos el honor de proponer como constituyente. Hoy, cínicamente el ministro de propaganda de dicho régimen invoca la información veraz, a pesar de que le negó su voto a la norma que la establece.
La sociedad está consciente en la lucha en defensa del derecho que le pertenece, que el régimen le niega y los medios restringen.
Antes, el ejercicio de la libre expresión significaba una dura batalla con los propietarios de los medios. Después estos recurrieron a negociar con el gobierno de turno. Algunos de esos propietarios obtenían representación en el Parlamento y hasta en Gabinete. Ahora, descaradamente el autócrata régimen, aparte del abuso de la fuerza y de los órganos del poder, chantajea con las pautas publicitarias y con ellas logra el control de ciertos medios. Actualmente, las cuotas de representación política se da al revés: el gobierno las exige en los medios de comunicación privados. Y la sociedad ¿qué? Siempre, ignorada. Aunque las Naciones Unidas fija un tema para la consideración en la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, nacionalmente, comunicadores y medios, debemos demandar el cumplimiento de ese derecho. La anunciada confiscación de Radio Caracas Televisión, debe ser bandera de la protesta; porque esta medida es un avance más en la política oficial de hegemonía informativa. (Intopress)
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Ana Luisa Covarrubias:
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