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sábado, noviembre 08, 2008

Mejoran normas de seguridad de las instalaciones y del transporte de desechos nucleares

Mejoran normas de seguridad de las instalaciones y del transporte de desechos nucleares

Senado aprobó por unanimidad, esta enmienda a la Convención sobre Protección Física de Materiales Nucleares que asume la creciente preocupación mundial por la amenaza del terrorismo.

http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20081105/imag/FOTO_0620081105174739.JPGSenador Roberto Muñoz Barra, integrante de la comisión de RR.EE

Un nuevo perfeccionamiento a la legislación relativa a las normas de seguridad de las instalaciones nucleares dentro de los países y del traslado de material radiactivo aprobó en forma unánime la Sala del Senado.

 

Ello, tras respaldar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite, aprobatorio de las enmiendas a la "Convención sobre la protección física de los materiales nucleares", aprobadas en Viena, el 8 de julio de 2005. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley de la República.

 

Durante el debate intervinieron los senadores Roberto Muñoz Barra, Adolfo Zaldívar y Soledad Alvear quienes destacaron la importancia de este instrumento al que suscriben 144 países, incluido Chile.

 

El senador Roberto Muñoz Barra, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, dejó constancia de que la instancia sólo emitió un informe señalando que no infringe ni entra en conflicto con las normas constitucionales vigentes, es decir, "la Comisión no aprueba ni rechaza el proyecto".

 

Al respecto, el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar precisó que "dicha interpretación es personal, pero la Mesa de la Corporación no la comparte", dado que el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores fue favorable a la enmienda.

 

A su vez, la senadora Soledad Alvear  destacó que esta enmienda a la Convención nuclear, "viene a proteger el transporte de los materiales nucleares porque incluso en nuestro país vemos las dificultades que se producen cuando pasan por las costas barcos con desechos nucleares y, en ese contexto la protección que se establece al transporte mismo es un gran avance".

 

Cabe señalar que la legislación anterior básicamente normaba la dimensión internacional interestatal de las materias de seguridad, pero hoy día eleva los estándares de seguridad al interior de los 144 países signatarios del Convenio.

 

De este modo, este  instrumento reconoce el derecho de los Estados a desarrollar y emplear la energía nuclear con fines pacíficos, y, por otra parte, deja constancia de la preocupación que existe por la intensificación en todo el mundo de los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

 

Entre los conceptos definidos por la Convención, se agregan los de "instalación nuclear" y el de "sabotaje", entendiéndose éste como "todo acto deliberado cometido en perjuicio de una instalación nuclear o de materiales nucleares objeto de uso, almacenamiento o transporte, que pueda entrañar directa o indirectamente un peligro para la salud y la seguridad del personal, el público o el medio ambiente por exposición a las radiaciones o a la emisión de sustancias radiactivas".

 

Las enmiendas disponen que cada Estado establecerá un régimen apropiado de protección física de los materiales nucleares, conforme a los principios fundamentales de responsabilidad del mismo durante el transporte.

 

Asimismo se propone el establecimiento de un marco legislativo y reglamentario que contemple un sistema de evaluación y concesión de licencias, de inspecciones de las instalaciones nucleares y del transporte; y la designación de una autoridad competente; garantías de calidad, planes de contingencia y confidencialidad, entre otros;

 

Se regula el procedimiento de contacto directo entre los Estados por ejemplo, en caso de hurto, robo o cualquier acto de apropiación ilícita de materiales nucleares, o en caso de amenaza verosímil de alguno de estos actos.

 

La Convención no exige a los Estados Parte que provean información alguna que no se les permita comunicar en virtud de la legislación nacional o cuya comunicación comprometa la seguridad del Estado.

 

Por otro lado, se precisan los actos intencionales relacionados con los materiales y las instalaciones nucleares que los Estados se comprometen a sancionar en su legislación penal, y que son: el hurto o robo de materiales nucleares; su malversación u obtención fraudulenta; el transporte, envío o traslado sin autorización legal; un acto ejecutado en perjuicio de una instalación nuclear y la exigencia de materiales nucleares mediante amenaza o uso de la fuerza u intimidación, inclusive en grado de tentativa.

 

Finalmente, se declara que ninguno de los delitos penados en conformidad a esta Convención será considerado, para los fines de la extradición, delito político o inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica no podrá denegarse por tales alegaciones; sin embargo, ella podrá ser denegada cuando haya motivos sustanciales para temer que la extradición obedece a fines de persecución racial, religiosa, nacionalidad, étnicas o políticas.

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Solicitan crear una comisión público- privada que monitoree la situación financiera internacional

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Solicitan crear una comisión público- privada que monitoree la situación financiera internacional

Por unanimidad, la Cámara Alta respaldó el proyecto de acuerdo presentado por senadores de las distintas bancadas donde piden a la Presidenta de la República que establezca una comisión público-privada para monitorear la crisis financiera internacional e impulse una Cumbre Latinoamericana que permita enfrentar la coyuntura económica a nivel regional.

http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20081104/imag/FOTO_0620081104180656.JPGSenadores José García y Jaime Orpis

Una Comisión de Seguimiento de la Crisis Financiera Internacional, de composición público- privada que pueda coordinar los esfuerzos para mitigar los efectos de la coyuntura externa en el país, solicitó el Senado al Ejecutivo tras aprobar un proyecto de acuerdo en tal sentido, presentado por senadores de las distintas bancadas.

 

Cabe recordar que la iniciativa surgió luego de una sesión especial de la Corporación que se abocó al análisis de la crisis financiera y su incidencia en la economía chilena.

 

De este modo, se pide a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que constituya una Comisión presidida por el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco e integrada por representantes del sector público, incluido el Banco Central y del sector privado, con participación de los representantes de instituciones financieras, bursátiles y previsionales, dirigentes empresariales y de los trabajadores, así como del Parlamento, además de, dirigentes políticos de todo el espectro nacional.

 

Los senadores Hernán Larraín, Jorge Arancibia, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, Fernando Flores, José García, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Pablo Longueira, Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Sergio Romero, Hosaín Sabag, Guillermo Vásquez y Adolfo Zaldívar coincidieron en que esta instancia tendría como fin "asistir a las autoridades en la toma de medidas que nos permitan enfrentar eficaz y oportunamente la crisis financiera internacional".

 

Agregaron que dicha Comisión también podría "apoyar las determinaciones que deban adoptar las diversas entidades públicas y del mundo privado, y transmitir al país la confianza pública que requieran las personas ante las difíciles circunstancias que todos enfrentamos".

 

Por otro lado, pidieron a la Presidenta Michelle Bachelet que "propicie la realización de una Cumbre Latinoamericana que pueda coordinar los esfuerzos de los sectores público y privado de la región con los mismos propósitos antes mencionados".

 

Afirmaron que "adicionalmente, esta Cumbre podría influir en las decisiones que se adopten en los principales centros internacionales con una sola voz de la Región".

 

Dentro de los fundamentos de este proyecto de acuerdo, los senadores patrocinantes mencionaron "las dificultades que ha traído consigo la crisis financiera internacional a nuestro país, cuyos efectos se están sintiendo diariamente, generando incertidumbre y dificultades en los diversos sectores de nuestra economía, incluyendo a los consumidores y a los pequeños y medianos empresarios".

 

Por otro lado, recalcaron la necesidad de "coordinar los esfuerzos de los sectores públicos y privado para intercambiar información, sincerar los hechos que ocurren diariamente y ordenar las decisiones que se deben adoptar con el fin de mitigar los aspectos negativos que está produciendo esta crisis externa".

 

Finalmente destacaron "la conveniencia de dar señales de unidad y de trabajo mancomunado ante Chile entero con el propósito de generar confianza pública y tranquilidad ciudadana, evitando así las sobrerreacciones o la autocomplacencia, como actitudes extremas que debilitan la credibilidad e impiden enfrentar con seriedad, responsabilidad y sentido de la oportunidad esta delicada y compleja situación internacional".

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Amnistía Internacional manifestó su preocupación porque Chile no ha ratificado la Corte Penal Internacional

Falta capacitar a todo nivel de lo que significa la CPI.En Chile se desconoce su verdadero sentido y alcance

Amnistía Internacional manifestó su preocupación porque Chile no ha ratificado la Corte Penal Internacional

http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20081107/imag/FOTO_0920081107085723.jpg

Senador Andrés Chadwick, presidente de la Comisión de Derechos HUmanos

 

 

Representantes del capítulo chileno y el asesor principal de la secretaria general de la entidad, se reunieron con la Comisión de Derechos Humanos del Senado para abordar ese y otros temas.

http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20081107/imag/FOTO_0620081107085723.JPGSu interés de que Chile ratifique el Tratado Internacional que crea una Corte Penal Internacional, manifestaron el asesor principal de la secretaria general de Amnistía Internacional, Javier Zuñiga y el director ejecutivo del capítulo chileno de esa organización, Sergio Laurenti, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

 

Así lo manifestó el presidente de esa instancia legislativa, senador Andrés Chadwick, tras escuchar los planteamientos que hicieron ambos personeros a los integrantes de la Comisión.

 

Si bien estaba contemplado que fuera la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, la que acudiera personalmente a la cita, problemas de agenda le impidieron asistir.

 

Sin embargo, el senador Chadwick explicó que los principales planteamientos que hicieron los representantes de esa entidad, dicen relación con "tratados internacionales, fundamentalmente el que crea la Corte Penal Internacional, así que les explicamos toda la tramitación legislativa que se estaba desarrollando".

 

En tal sentido recordó que el Tribunal Constitucional determinó que antes de aprobar el citado acuerdo se debe reformar la Constitución.

 

"Eso se está haciendo ahora, para efectos de incorporar a la legislación chilena la tipificación de determinados delitos para que exista plena congruencia con las tipificaciones de genocidio, entre otros. Eso está en su trámite legislativo para efectos de desarrollarse y poder posteriormente votarse", explicó.

 

El senador Chadwick precisó que la inquietud de Amnistía Internacional dice relación con "el interés que tienen de que Chile sea uno de los países que lo ratifique".

 

Agregó que además analizaron otros temas y que los representantes del organismo internacional hicieron algunos comentarios sobre la situación de La Araucanía, y sobre la aplicación o no de la ley antiterrorista.

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