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Cuando revisamos lo que se publica cotidianamente sobre las problemáticas sociales es muy común encontrarnos con el uso indiscriminado de los conceptos igualdad y equidad. Esta equiparación tiene repercusiones negativas, por ejemplo en la esfera política. Una muestra son los argumentos vertidos por los representantes de los partidos políticos durante la discusión del informe presentado el 24 de marzo pasado por el Consejero Presidente del IFE en relación con el incumplimiento, que hasta ese momento mantenían la mayoría de los partidos, de la cuota de género prevista en la ley electoral federal y cuyo sentido dejó claro el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia relacionada con la demanda interpuesta en defensa de sus derechos políticos por mujeres militantes de dos partidos políticos: María Elena Chapa, María de las Nieves García, María Cruz García, Refugio Morales, Rocío Reyes, Ma. Fernanda Rodríguez, María de los Ángeles Moreno y Laura Cerna del Partido Revolucionario Institucional, así como María Juana Soto y Martha Tagle del Movimiento Ciudadano.
Fue hasta el último momento del plazo legal que las listas fueron cambiadas para cumplir con el registro de al menos 120 candidatas a diputadas federales propietarias de mayoría relativa y 26 candidatas al Senado. Antes, los representantes partidistas afirmaron que no eran contrarios a respetar la "equidad de género", sin embargo, sus argumentos denotaron su falta de comprensión sobre "el espíritu de la norma" que es garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, evitando que sean excluidas del ejercicio efectivo de sus derechos humanos por motivos de género, en este caso en la esfera política.
En el contexto electoral actual es necesario recordar que desde su origen la Constitución ha garantizado a las y los mexicanos la igualdad, no la equidad, que a partir de la reforma del 2011 los derechos humanos y los tratados internacionales fueron elevados a rango constitucional, y que entre éstos destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo ratificado por México en 1982, cuyo cumplimiento es obligatorio por parte de los gobiernos y Estados que los suscriben. Asimismo, el Comité de la Cedaw ha recomendado al Estado mexicano desarrollar acciones para alcanzar la igualdad entre los géneros en un contexto donde lo que importa actualmente es la igualdad sustantiva y de resultados, porque ya se sabe que no bastan la igualdad de trato y oportunidades. Como bien lo ha dicho Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres, "la igualdad de género tiene que ser una realidad vivida".