Ximena Pérez y María José Soler La urgencia de un control a la preparación y la ética del alto número de licenciados que egresan de las escuelas de Derecho del país fue uno de los temas centrales del discurso con el que el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, dio por inaugurado ayer el año judicial 2011.
Aunque el tema ya había sido abordado en 2009 en la misma instancia por el ex presidente del máximo tribunal Urbano Marín, esta vez Juica fue más lejos, y planteó la posibilidad de que la Corte Suprema deje de hacerse cargo de entregar el título profesional a los abogados.
"De no entregarse más facultades de control a esta Corte, parece más atendible desvincularla de la responsabilidad, más que centenaria, de otorgar los títulos. Las universidades entonces deberían asegurar el control de calidad que se exige para el ejercicio de esta profesión, confiriendo ellas los diplomas", señaló Juica en su discurso.
Más tarde, en un encuentro con la prensa, detalló que al Poder Judicial le interesa especialmente la calidad y la idoneidad de los abogados que litigarán en causas civiles o criminales.
"Nosotros como jueces nos sentimos muchos más seguros con la presencia de abogados que sean expertos, con conocimiento y que planteen bien sus pretensiones a la hora de decidir, y eso creo con cierta amargura que se está perdiendo hoy por hoy en nuestro país", afirmó.
"Creo que aquí a la universidad le corresponde la cuota de responsabilidad, al Colegio de Abogados, a los parlamentarios, a todos para mejorar. Simplemente se espera un mejoramiento en esa calidad que se nota un poco débil", agregó.
Y los aludidos no tardaron en reaccionar. Aunque en el gremio y en las facultades de Derecho reconocen el problema, no hay unanimidad sobre la fórmula para abordarlo.
El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, considera que el origen de los problemas de preparación está en que el régimen universitario permite disparidades entre programas de derecho y que no hay un mecanismo que mida estándares mínimos al momento de optar al título.
"A la larga no existe una discriminación si la gente que recibe el título tiene los conocimientos y las capacidades prácticas para ejercer la profesión", plantea, junto con hacer hincapié en la necesidad de instituir un examen nacional para estos efectos e impulsar una ley de colegios profesionales, donde se establezca un tribunal ético especial para los abogados que no estén colegiados.
Barros recordó que la colegiatura en Chile es voluntaria, por lo que existen muchos profesionales que no están sujetos al control ético. "Los abogados colegiados están sujetos al control ético y de buenas prácticas profesionales. Pero cuando no son colegiados nosotros no tenemos ninguna jurisdicción sobre ellos", planteó.
La idea de un examen, en tanto, es recogida por los decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum, y de la Universidad Católica, Roberto Guerrero, respectivamente, quienes pretenden reponer el proyecto presentado en marzo de 2009 junto a tres de sus pares de las universidades tradicionales para realizar un examen nacional voluntario para medir la calidad de los egresados.
Guerrero explica que la idea es certificar conocimientos mínimos de los egresados. "Como universidad y facultad creemos que desde las universidades se puede lograr un aseguramiento de la calidad por esa vía".
Aunque el proyecto hoy está detenido, Nahum aseguró que tras las palabras de Juica reactivarán las conversaciones para aunar posiciones.
Además dijo que "sería peor" si la Corte Suprema dejara de entregar el título profesional.
El decano de Derecho la Universidad del Desarrollo, Pablo Rodríguez, respalda la idea de un examen que mida la capacidad de quienes comiencen a ejercer. Sin embargo, considera que debería evaluarse de distinta manera a abogados forenses (litigantes) y corporativos.
Según Rodríguez, este examen debería ser aplicado por comisiones de expertos, que estén bajo la supervisión del máximo tribunal.
"Atribuyo una enorme importancia para el perfeccionamiento de nuestra profesión. En los últimos años se ha deteriorado la calidad de la enseñanza jurídica y con ello puesto en peligro un servicio fundamental en un Estado de Derecho", expresó.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, en cambio, cree que un examen nacional generaría estandarización. "Se tiende a diseminar conocimiento, memorizar el código civil y procesal. Son exámenes que se crean para prepararse", señaló.
El decano se mostró a favor de fortalecer el sistema de acreditación que se aplica a la carrera y transformarlo en obligatorio.
"Incluso buenas facultades de derecho no han querido someterse a esta instancia", afirmó.
Pablo Rodríguez, en cambio, se mostró contrario a cualquier tipo de control que se aplique sobre los mismos planteles: "Éstas deben ser lo más libres posible".
Ministro Bulnes responde los cuestionamientos El magistrado inició su discurso de una hora y media recordando dos hechos "impactantes" de 2010: el terremoto y el incendio que dejó 81 reos muertos en la cárcel de San Miguel, una tragedia que "golpea directamente a los jueces, porque ellos son los que disponen finalmente la privación de libertad (...) que no asegura que las personas sufran solamente lo que la ley obliga a cumplir, (sino que) se ven enfrentados a otras afectaciones de garantías (...) Es un tema que a nosotros nos preocupa".
Junto con destacar los esfuerzos del Poder Judicial para inspeccionar los penales, y mencionar especialmente el trabajo de la fiscal judicial Mónica Maldonado en esta materia, el presidente de la Corte Suprema afirmó que "la situación penitenciaria en Chile se encuentra en un estado de colapso absoluto y de irrespeto grave a los derechos y garantías de quienes están privados de libertad, lo que requiere una solución inmediata por quienes tienen la obligación de hacerlo, ya que estos sucesos, que fácilmente se olvidan, se producen con una frecuencia inaceptable".
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, reconoció que el sistema carcelario tiene condiciones de habitabilidad que comprometen la dignidad de los reclusos y su rehabilitación, pero recordó que "este es un problema que se arrastra por décadas y tenemos que arreglarlo".
"Ya tenemos afinado un plan, porque siempre dije que en abril íbamos a salir con propuestas para atacar este problema (...) Son medidas que buscan atacar este problema estructural", sostuvo el secretario de Estado.
La directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Javiera Blanco, destacó que tras el mensaje de Juica "se abre una oportunidad única para avanzar" en materia carcelaria. "Urge instar por la creación de una nueva institucionalidad que se haga cargo de los temas de reinserción y rehabilitación, así como establecer mecanismos eficientes de segregación a partir de la identificación de perfiles de riesgo en los recintos carcelarios".
Preocupación por el pueblo mapuche Juica señaló que los pueblos indígenas sienten una discriminación que todavía no se supera.
"Los tribunales de Justicia deben actuar por imperativo constitucional frente a conflictos que se han judicializado con gran violencia en el país, pero parece razonable considerar que esas reivindicaciones sean asumidas como una tarea de Estado, de tal modo que se puedan corregir de manera política dichas demandas, las que deben ser superadas por la vía del diálogo y el entendimiento", dijo.
El presidente del máximo tribunal citó las Reglas de Brasilia, acordadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de Poderes Judiciales en 2008, donde "se asumió que las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de judicial estatal".
Al respecto se pronunció el ministro Bulnes, quien destacó los logros del Gobierno frente al tema desde que se produjo la huelga de hambre de comuneros mapuches imputados por la Ley Antiterrorista:
"A partir de 2010 se configuró un nuevo trato con los pueblos mapuches y se trabaja intensamente, bajo el liderazgo del ministro Larroulet, para ver la reivindicaciones y generar instancias de diálogo", sostuvo.
El proceso que investigaba a 17 mapuches por delitos terroristas llegó a término la semana pasada en Cañete, donde se condenó a cuatro de ellos y se absolvió a otros trece de todas las imputaciones. El ministro Bulnes tomó el desenlace del juicio como un primer paso para restablecer la confianza entre el Gobierno y el pueblo mapuche.
"Es un paso que se dio por la voluntad del Gobierno de modificar la ley antiterrorista, buscando eliminar ciertos contenidos que eran cuestionables, como la presunción de delito terrorista y las penas en algunos casos demasiados excesivas y no proporcionales a lo que establece la legislación", afirmó.
El ministro aseguró además que el Gobierno seguirá trabajando en este sentido para "ponerse al día con la deuda histórica del país con las comunidades mapuches".
Llamado a colaborar en casos de Derechos Humanos El presidente de la Corte Suprema hizo un enérgico llamado a contribuir en la investigación de causas de Derechos Humanos.
"La jurisdicción tiene el deber esencial de dar las respuestas que en ese tiempo no se dieron, y por ello existe esta preocupación que insensiblemente algunos todavía no entienden", afirmó.
Para el ministro Juica, "parece necesario que exista una declaración categórica de quienes corresponda, en el sentido de que se seguirá prestando la necesaria colaboración en la investigación de estos gravísimos delitos".
Aseguró que su planteamiento obedecía a la inquietud que le han manifestado asociaciones de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos: "Ellos han planteado esa preocupación de que a lo mejor no encuentran un apoyo que antes lo tenían más decididamente. A mí no me consta, pero si es cierto que hay esa inquietud, las personas que están encargadas de hacer esa cooperación tienen que ser las primeras en salir (y decir) 'estamos dispuestos a seguir trabajando'".
Consultado si su emplazamiento iba dirigido al Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, respondió que "puede ser ahí también". Luego precisó que el llamado va a "todas las instituciones, están la policía, los organismos de derechos humanos, el Ministerio del Interior, el Servicio Médico Legal".
Al preguntársele si esto alcanza al Ejército, sostuvo que "no sé de qué manera el Ejército todavía puede cooperar, pero si tiene información, debiera hacerlo también".
"Con lo expuesto quiero enfatizar el interés de este Alto Tribunal en obtener, en un plazo adecuado y con el máximo celo, el término de estas causas", planteó Juica.
Reparos a la creación de tribunales especiales y al sistema de calificaciones El presidente de la Corte Suprema hizo una crítica a la creación de tribunales especiales, como el de la Defensa de la Libre Competencia, de Contratación Pública, Tribunales Tributarios y Aduaneros y de la Propiedad Industrial, señalando que "atomizan peligrosamente la actividad jurisdiccional (...) Todos con competencia específica, con estructura y organización más bien de carácter administrativa que judicial y dotados de algo que el Poder Judicial nunca ha obtenido, cual es autonomía financiera". Sobre éste último punto, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, aseguró que el Ejecutivo trabaja en el sentido de dar mayor autonomía al Poder Judicial. "La voluntad del Presidente es impulsar un proyecto de flexibilidad presupuestaria. El proyecto lo presentaremos este año", afirmó. Además, el secretario de Estado anunció cambios en la destinación transitoria de jueces, con el fin de traspasar herramientas al Poder Judicial para decidir sobre esta materia.
Juica reiteró la capacidad de la justicia ordinaria para ocuparse de casos de distinta índole. "Con la reforma procesal civil que se avecina, no hay ninguna materia que les pueda resultar ajena a los magistrados de la jurisdicción ordinaria (...) Las 'jurisdicciones especiales' constituyen una característica de los Estados autocráticos", agregó.
Además, pidió el fin del recurso de queja, que según dijo es incompatible con el ejercicio de la jurisdicción y adhirió. Aseguró que hoy las calificaciones "más bien sirven para mantener lealtades que para cuantificar el mérito de las personas".
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