ALEJANDRO TRUJILLO Y NATALIA OLIVARES emol
Una reservada reunión sostuvieron la noche del martes, en dependencias del Congreso, los representantes de los diputados de la Alianza y de la Concertación que integran la comisión investigadora creada por la Cámara para determinar las responsabilidades políticas detrás de la tragedia del 27 de febrero.
Conscientes de que el plazo establecido para la entrega del informe final de la indagación se cumple el próximo lunes, y luego de cuatro meses de trabajo, los miembros de la instancia se daban cita para tratar de buscar algún consenso en torno a las conclusiones.
En representación del oficialismo asistió el presidente de la comisión, el diputado UDI Jorge Ulloa, mientras que por la oposición lo hizo el PPD Pepe Auth, quienes lograron sellar un preacuerdo para tratar de integrar el trabajo que hasta ahora cada bloque venía realizando de manera separada.
El espíritu de colaboración, sin embargo, se rompió ayer apenas los parlamentarios de la Concertación tuvieron acceso a la propuesta de informe redactada por la Alianza.
Y es que el documento elaborado por los diputados de RN y la UDI apunta directamente a la responsabilidad que la ex Presidenta Michelle Bachelet y otras seis autoridades de su gobierno habrían tenido en la catástrofe generada a raíz del terremoto y maremoto.
El texto abre un complejo escenario tanto para la Concertación como para el entorno de la ex Mandataria, sobre todo porque el bloque oficialista cuenta con mayoría suficiente en la comisión (siete integrantes de la Alianza contra seis opositores) como para imponer su informe en la votación que se hará hoy.
A ello se agrega que algunos opositores como Cristián Campos (PPD) han cuestionado también la reacción de algunas autoridades bacheletistas.
En ese contexto, y tras descartarse una fórmula de consenso, los diputados opositores acordaron anoche presentar un texto paralelo que matice los cuestionamientos impulsados por la Alianza en contra de Bachelet y algunas otras autoridades de su gobierno, y que incorpore también condenas, por ejemplo, a los comandantes en jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea (ver recuadro).
Responsabilidades varias
El documento de la Alianza se divide en tres partes: la fase previa al 27 de febrero, donde pone especial relevancia en la firma del decreto exento 760 que supeditaba a las FF.AA. a la Onemi (que fue posteriormente desestimado) y a la falta de competencias de esta última para enfrentar una catástrofe; la madrugada del 27 de febrero, con críticas al desempeño de la Onemi y el SHOA, y, por último, la tarde del 27 de febrero y los días posteriores, donde concentra sus críticas en las autoridades del gobierno de Bachelet.
Las figuras cuestionadas en el texto por su reacción ante la emergencia desatada el 27 de febrero
Michelle Bachelet, ex Presidenta de la República
"A pesar de observar personalmente los saqueos y robos producidos en Constitución y contar con vasta información sobre las distintas situaciones de desorden social en las regiones afectadas, la ex Presidenta posterga inexplicablemente la decisión de decretar Estado de Excepción. Como antecedente de esto último, el ex ministro de Defensa manifestó durante su declaración en esta Comisión que la ex Mandataria tenía a su disposición los decretos necesarios para poder declarar este estado constitucional, lo que hace más cuestionable su proceder y censurable la demora", dice el informe oficialista.
Edmundo Pérez Yoma, ex ministro del Interior
El texto apunta a que "nunca asumió en propiedad su papel de cabeza en el Comité Nacional de Protección Civil u OMEGA 1 como se le denomina dentro del Plan Nacional. En este sentido, resulta incomprensible que el jefe del Estado Mayor Conjunto se haya visto obligado a coordinar su labor con el jefe de gabinete de la ex Presidenta, Rodrigo Peñailillo, en circunstancias que dicha función le corresponde al ministro del Interior".
Y agrega, en una dura crítica, que "es claro que Pérez Yoma actuó con desidia, sin capacidad de liderazgo y estuvo absolutamente al margen de la catástrofe, pese a que la Onemi estaba bajo su tutela, lo que fue fundamental en la cifra de muertes y desaparecidos".
Francisco Vidal, ex ministro de Defensa
"Si bien la decisión de decretar estado de excepción no recae en él, debió insistir con mayor tenacidad a la Presidenta Bachelet para que firmara los decretos respectivos (...) Como superior de las FF.AA., debió velar por el buen estado de sus sistemas de comunicación y de la capacidad de éstas para reaccionar frente a emergencias, no sólo con ocasión de ejercicios militares o ataques externos", plantea el texto, que cuestiona que "al igual que el ministro y el subsecretario del Interior, concurre firmando el Decreto Exento 760".
Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior
"Debió velar por la implementación, educación y difusión de los planes de emergencia, así como por el cumplimiento de las medidas preventivas para salvaguardar a la población civil en caso de una catástrofe", dice el texto, añadiendo que "el proyecto de Ley General de Protección Civil, presentado por la directora de Onemi, órgano inmediatamente bajo su jefatura, estuvo en su poder. Por ello, y considerando que estaba al tanto de su importancia, es inexcusable que no le diera el impulso que éste merecía, aun cuando fuera por representaciones formales a la Presidencia".
Carmen Fernández, ex directora de la Onemi
"Sorprende su desconocimiento de los procedimientos, no sólo por su calidad de directora del servicio, sino también porque ocupó el cargo de jefa del Departamento de Protección Civil de la Onemi años antes", se afirma.
El texto reprocha que "no asumió en plenitud sus funciones como coordinadora nacional del sistema de protección civil, mostrando desconocimiento, inoperancia y una falta de preparación para el cargo, teniendo en consideración que ella estaba llamada a ser quien encabezara en términos técnicos el sistema" y "no procedió a dar la alerta, cuando por sus afirmaciones tenía certeza de la magnitud del sismo, de acuerdo a la situación en que quedó su hogar y por los daños que pudo observar en el camino a la Onemi".
Osvaldo Malfanti, jefe de turno de la Onemi el 27-F
El documento apunta a que "manifiesta incongruencias de carácter técnico, tomando decisiones erradas, bajo supuestos científicos inexistentes, como la relevancia del epicentro cuando el organismo técnico había emitido una alerta de tsunami".
"No cumplió con su deber, pues si tenía dudas sobre la claridad del fax, debió insistir con el SHOA hasta obtener una respuesta que le permitiera despejarlas", se señala.
Mariano Rojas, ex director del SHOA
"Demostró imprudencia al dar de baja la alerta de tsunami , desconociendo las variables empíricas que se le presentaron, tal como se expone en la sección anterior, en el número referido al SHOA (...) Producto de su decisión, se levanta la alerta cuando aún no se producían algunas de las olas que causaron la mayor cantidad de daños y muertes", es la conclusión.
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