Frente a recurso presentado por diputados de la Concertación:
Alianza defenderá reforma a ley juvenil en TC
P. GONZÁLEZ, C. VALENZUELA
Senadores Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN) rechazaron que indicación viole el derecho internacional.
P. GONZÁLEZ y C. VALENZUELA
Los senadores Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN) concurrirán ante el Tribunal Constitucional a defender la indicación a la reforma de la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente que fuera aprobada junto a dicha normativa en el Congreso la semana pasada y este sábado, impugnada por 33 diputados de la Concertación.
La reforma de los parlamentarios de la Alianza estableció como obligatoria que todo adolescente de entre 16 y 17 años que fuera condenado por delito grave (robo con homicidio, robo con violación, secuestro con homicidio, secuestro con violación o el delito con fuerza reiterado) sea recluido en un recinto cerrado por al menos dos años.
A juicio de los parlamentarios de la Concertación esta reforma (que fue aprobada en la Cámara estrechamente por 61 a 56 votos) se contradice con el mensaje original del Ejecutivo, viola los principios de la Convención de los Derechos del Niño firmado por Chile y, por implicar costos económicos, se entromete en atribuciones exclusivas del Ejecutivo.
Los parlamentarios estiman, además, que el incremento de las penas no implica una necesaria rebaja en los delitos.
Sorpresa
"Me ha sorprendido este recurso porque la indicación que yo he sustentado correspondía además a una iniciativa que el Ejecutivo estuvo promoviendo pero al no encontrar consenso desechó, tiene un objetivo muy preciso y muy justificado. Se trata de evitar que un menor de 16 a 18 años que cometa un delito gravísimo, pueda quedar en libertad diurna", explicó ayer el senador Larraín.
Recalcó que los dos años en recinto cerrado implican también una protección al menor que queda separado de su realidad social que lo llevó a delinquir, de los adultos y con programas de reinserción y rehabilitación.
Larraín explicó que recluirlos en recintos abiertos y permitir que el joven pueda salir durante el día atenta en contra de las víctimas y sus familiares, al tiempo que constituye una amenaza para la sociedad.
"Por esos motivos es que consideramos de la mayor prudencia la indicación que hemos presentado y que fue aprobada en forma muy mayoritaria en el Senado, con apoyos de todos los sectores sin excepción, y luego con una mayoría importante y transversal en la Cámara", dijo.
Argumentos en el TC
El senador Espina señaló que los fundamentos de los parlamentarios de la Concertación ante el TC le parecen incorrectos, ya que en ningún minuto viola la legislación vigente ni los tratados internacionales.
"Es ridículo, es de una ignorancia peligrosa decir que abarcamos atribuciones del Ejecutivo en materia económica, porque ello significaría que cada vez que hay un alza de penas propuestas por muchos parlamentarios estas serían inválidas", explicó el parlamentario.
Agregó que este tipo de normativas está en todas las legislaciones del mundo y refleja también el espíritu original del Gobierno, ya que incluso fue aprobado con votos de la Concertación.
Espina sostuvo que en materia de seguridad ciudadana los parlamentarios de la Concertación siempre han tenido un "doble estándar" y ello ha quedado demostrado frente a la ciudadanía con este recurso. Agregó que durante las campañas presidenciales dicen estar preocupados por el tema de la delincuencia, pero al final del día apoyan medidas que apuntan en la otra dirección.
"En ningún país del mundo civilizado existe que un joven de 16 o 17 años que cometa un delito de la gravedad señalada y al día siguiente sea dejado en libertad sin reclusión en recinto de régimen cerrado", precisó.
Dijo que los diputados firmantes del requerimiento deberán hacerse ética y moralmente responsables de los horrores que se generarán si se aprueba su requerimiento.
"Que se hagan responsables moralmente frente al derecho humano de las víctimas. Han hablado tanto de derechos humanos, durante tantos años, han hechos tanta "gárgara" con el tema, que me gustaría que alguna vez se preocuparan de los derechos humanos de las víctimas", manifestó molesto.
Los senadores Larraín y Espina señalaron que reunirán todos los antecedentes para concurrir al TC a defender el proyecto.
El Tribunal Constitucional tiene un plazo de 10 días para resolver en derecho sobre el tema, pudiendo solicitar otro plazo similar si lo estima necesario.
Legítimo
El presidente de la Cámara, el diputado Patricio Walker (DC) sostuvo que la presentación de los 33 diputados le parece legítima y recalcó que si existen dudas será el propio Tribunal Constitucional el encargado de dilucidarlas.
"Es una atribución que tienen todos los parlamentarios (de concurrir al TC), así como es legítimo que algunos hayan votado a favor de la indicación del senador Hernán Larraín, aunque yo voté en contra", dijo.
"Los que se oponen propician que un joven de 17 años robe, secuestre, viole, mate y quede en libertad diurna"
SENADOR
H. LARRAÍN
"Cuando hay campaña en la Concertación dicen preocuparse y cuando no, cuidan a los delincuentes"
SENADOR
A. ESPINA.
Ministro de Justicia: "Se acatará lo que el tribunal resuelva"
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, dijo ayer que el Ejecutivo respeta la facultad que tienen los parlamentarios de recurrir al Tribunal Constitucional si tienen dudas sobre la legalidad de la indicación que introdujo el senador UDI Hernán Larraín a la Ley Penal Adolescente, que establece como obligatoria la privación de libertad a los jóvenes de entre 14 y 18 años que cometan delitos graves.
"Nos parece bien que si ellos tienen dudas, acudan a la institución que corresponde. Nosotros dijimos cuando se despachó este proyecto al Parlamento para su tramitación que respetábamos las atribuciones de los parlamentarios, y en ese mismo plano, por cierto, respetamos las atribuciones de ellos de recurrir al Tribunal Constitucional si hay normas que les merecen dudas de constitucionalidad", dijo.
El personero descartó que la presentación del recurso obedezca a motivaciones políticas. "En el Senado no se le consideró una cuestión política y para el Gobierno no es un tema político, sino un punto técnico. Por lo menos a la mayoría de los parlamentarios les pareció razonable tanto en el Senado como en la Cámara, pero los que tienen dudas, es legítimo que traten de resolverlas con las acciones que tienen a su alcance, entre ellas el recurrir al Tribunal Constitucional".
El secretario de Estado fue enfático en aclarar que el resto de la ley seguirá su curso normal, es decir será promulgada y publicada para que entre en vigencia el próximo 8 de junio. "Los temas más operativos fueron aprobados por unanimidad y respecto de ellos no hay ninguna dificultad y van a entrar en vigencia en la fecha que está fijada", dijo.
Respecto del futuro de la polémica indicación, Maldonado fue enfático en sostener que el Gobierno "por cierto acatará lo que el Tribunal Constitucional resuelva".
Opiniones discrepantes entre abogados constitucionalistas
El futuro que el recurso pueda tener en el Tribunal Constitucional genera opiniones diversas entre los abogados constitucionalistas.
Para el profesional Arturo Fermandois, "si este proyecto de ley -que no conozco en detalle ni tampoco la indicación- infringiera la Convención de los Derechos del Niño, más que un problema constitucional, sería un problema de responsabilidad internacional del Estado".
Según recordó, el propio TC en un fallo sobre la Corte Penal Internacional de 2002 resolvió en el sentido que los tratados internacionales tienen un rango simplemente legislativo, sin perjuicio de la responsabilidad internacional que puede envolver el que se infrinjan.
Haciendo alusión al mismo fallo antes citado, el abogado Francisco Cumplido aseveró que en ese caso el TC estimó que los tratados internacionales no tenían el mismo rango que la Constitución, "pero el punto está en que la Constitución no establece limitaciones en este tema; o sea, sería aplicable la Convención de los Derechos del Niño para no establecer penas que exceden lo que establece dicha Convención".
Cumplido, quien participó en la redacción de la reforma constitucional de 1989, aseveró que en esa oportunidad "se entendió que las normas de los tratados internacionales relacionadas con derechos esenciales de las personas, como sería este caso, se entienden de rango constitucional. Esa es mi opinión".
Sobre la posible vulneración de la ideas matrices de la ley, el abogado Fermandois dijo "que el TC ha tenido distintos criterios, privilegiando la flexibilidad, es decir, que las divisiones de materias no son muy estrictas".
Alianza defenderá reforma a ley juvenil en TC
P. GONZÁLEZ, C. VALENZUELA
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P. GONZÁLEZ y C. VALENZUELA
Los senadores Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN) concurrirán ante el Tribunal Constitucional a defender la indicación a la reforma de la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente que fuera aprobada junto a dicha normativa en el Congreso la semana pasada y este sábado, impugnada por 33 diputados de la Concertación.
La reforma de los parlamentarios de la Alianza estableció como obligatoria que todo adolescente de entre 16 y 17 años que fuera condenado por delito grave (robo con homicidio, robo con violación, secuestro con homicidio, secuestro con violación o el delito con fuerza reiterado) sea recluido en un recinto cerrado por al menos dos años.
A juicio de los parlamentarios de la Concertación esta reforma (que fue aprobada en la Cámara estrechamente por 61 a 56 votos) se contradice con el mensaje original del Ejecutivo, viola los principios de la Convención de los Derechos del Niño firmado por Chile y, por implicar costos económicos, se entromete en atribuciones exclusivas del Ejecutivo.
Los parlamentarios estiman, además, que el incremento de las penas no implica una necesaria rebaja en los delitos.
Sorpresa
"Me ha sorprendido este recurso porque la indicación que yo he sustentado correspondía además a una iniciativa que el Ejecutivo estuvo promoviendo pero al no encontrar consenso desechó, tiene un objetivo muy preciso y muy justificado. Se trata de evitar que un menor de 16 a 18 años que cometa un delito gravísimo, pueda quedar en libertad diurna", explicó ayer el senador Larraín.
Recalcó que los dos años en recinto cerrado implican también una protección al menor que queda separado de su realidad social que lo llevó a delinquir, de los adultos y con programas de reinserción y rehabilitación.
Larraín explicó que recluirlos en recintos abiertos y permitir que el joven pueda salir durante el día atenta en contra de las víctimas y sus familiares, al tiempo que constituye una amenaza para la sociedad.
"Por esos motivos es que consideramos de la mayor prudencia la indicación que hemos presentado y que fue aprobada en forma muy mayoritaria en el Senado, con apoyos de todos los sectores sin excepción, y luego con una mayoría importante y transversal en la Cámara", dijo.
Argumentos en el TC
El senador Espina señaló que los fundamentos de los parlamentarios de la Concertación ante el TC le parecen incorrectos, ya que en ningún minuto viola la legislación vigente ni los tratados internacionales.
"Es ridículo, es de una ignorancia peligrosa decir que abarcamos atribuciones del Ejecutivo en materia económica, porque ello significaría que cada vez que hay un alza de penas propuestas por muchos parlamentarios estas serían inválidas", explicó el parlamentario.
Agregó que este tipo de normativas está en todas las legislaciones del mundo y refleja también el espíritu original del Gobierno, ya que incluso fue aprobado con votos de la Concertación.
Espina sostuvo que en materia de seguridad ciudadana los parlamentarios de la Concertación siempre han tenido un "doble estándar" y ello ha quedado demostrado frente a la ciudadanía con este recurso. Agregó que durante las campañas presidenciales dicen estar preocupados por el tema de la delincuencia, pero al final del día apoyan medidas que apuntan en la otra dirección.
"En ningún país del mundo civilizado existe que un joven de 16 o 17 años que cometa un delito de la gravedad señalada y al día siguiente sea dejado en libertad sin reclusión en recinto de régimen cerrado", precisó.
Dijo que los diputados firmantes del requerimiento deberán hacerse ética y moralmente responsables de los horrores que se generarán si se aprueba su requerimiento.
"Que se hagan responsables moralmente frente al derecho humano de las víctimas. Han hablado tanto de derechos humanos, durante tantos años, han hechos tanta "gárgara" con el tema, que me gustaría que alguna vez se preocuparan de los derechos humanos de las víctimas", manifestó molesto.
Los senadores Larraín y Espina señalaron que reunirán todos los antecedentes para concurrir al TC a defender el proyecto.
El Tribunal Constitucional tiene un plazo de 10 días para resolver en derecho sobre el tema, pudiendo solicitar otro plazo similar si lo estima necesario.
Legítimo
El presidente de la Cámara, el diputado Patricio Walker (DC) sostuvo que la presentación de los 33 diputados le parece legítima y recalcó que si existen dudas será el propio Tribunal Constitucional el encargado de dilucidarlas.
"Es una atribución que tienen todos los parlamentarios (de concurrir al TC), así como es legítimo que algunos hayan votado a favor de la indicación del senador Hernán Larraín, aunque yo voté en contra", dijo.
"Los que se oponen propician que un joven de 17 años robe, secuestre, viole, mate y quede en libertad diurna"
SENADOR
H. LARRAÍN
"Cuando hay campaña en la Concertación dicen preocuparse y cuando no, cuidan a los delincuentes"
SENADOR
A. ESPINA.
Ministro de Justicia: "Se acatará lo que el tribunal resuelva"
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, dijo ayer que el Ejecutivo respeta la facultad que tienen los parlamentarios de recurrir al Tribunal Constitucional si tienen dudas sobre la legalidad de la indicación que introdujo el senador UDI Hernán Larraín a la Ley Penal Adolescente, que establece como obligatoria la privación de libertad a los jóvenes de entre 14 y 18 años que cometan delitos graves.
"Nos parece bien que si ellos tienen dudas, acudan a la institución que corresponde. Nosotros dijimos cuando se despachó este proyecto al Parlamento para su tramitación que respetábamos las atribuciones de los parlamentarios, y en ese mismo plano, por cierto, respetamos las atribuciones de ellos de recurrir al Tribunal Constitucional si hay normas que les merecen dudas de constitucionalidad", dijo.
El personero descartó que la presentación del recurso obedezca a motivaciones políticas. "En el Senado no se le consideró una cuestión política y para el Gobierno no es un tema político, sino un punto técnico. Por lo menos a la mayoría de los parlamentarios les pareció razonable tanto en el Senado como en la Cámara, pero los que tienen dudas, es legítimo que traten de resolverlas con las acciones que tienen a su alcance, entre ellas el recurrir al Tribunal Constitucional".
El secretario de Estado fue enfático en aclarar que el resto de la ley seguirá su curso normal, es decir será promulgada y publicada para que entre en vigencia el próximo 8 de junio. "Los temas más operativos fueron aprobados por unanimidad y respecto de ellos no hay ninguna dificultad y van a entrar en vigencia en la fecha que está fijada", dijo.
Respecto del futuro de la polémica indicación, Maldonado fue enfático en sostener que el Gobierno "por cierto acatará lo que el Tribunal Constitucional resuelva".
Opiniones discrepantes entre abogados constitucionalistas
El futuro que el recurso pueda tener en el Tribunal Constitucional genera opiniones diversas entre los abogados constitucionalistas.
Para el profesional Arturo Fermandois, "si este proyecto de ley -que no conozco en detalle ni tampoco la indicación- infringiera la Convención de los Derechos del Niño, más que un problema constitucional, sería un problema de responsabilidad internacional del Estado".
Según recordó, el propio TC en un fallo sobre la Corte Penal Internacional de 2002 resolvió en el sentido que los tratados internacionales tienen un rango simplemente legislativo, sin perjuicio de la responsabilidad internacional que puede envolver el que se infrinjan.
Haciendo alusión al mismo fallo antes citado, el abogado Francisco Cumplido aseveró que en ese caso el TC estimó que los tratados internacionales no tenían el mismo rango que la Constitución, "pero el punto está en que la Constitución no establece limitaciones en este tema; o sea, sería aplicable la Convención de los Derechos del Niño para no establecer penas que exceden lo que establece dicha Convención".
Cumplido, quien participó en la redacción de la reforma constitucional de 1989, aseveró que en esa oportunidad "se entendió que las normas de los tratados internacionales relacionadas con derechos esenciales de las personas, como sería este caso, se entienden de rango constitucional. Esa es mi opinión".
Sobre la posible vulneración de la ideas matrices de la ley, el abogado Fermandois dijo "que el TC ha tenido distintos criterios, privilegiando la flexibilidad, es decir, que las divisiones de materias no son muy estrictas".
rodrigo gonzalez fernandez
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Renato Sánchez 3586 of 10
fono:5839786
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