Designación de nuevo Fiscal Nacional

LOS CIUDADANOS DEBEN ESTAR PLENAMENTE INFORMADOS

 

Designación de nuevo Fiscal Nacional

Enrique Cury U.

Cabe llamar la atención de la opinión pública sobre la importancia y dificultades de un proceso que, aunque le parezca distante, tiene una incidencia fundamental en la vida de la comunidad.

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En las próximas semanas, la Corte Suprema, en primer lugar; luego la Presidenta de la República y, finalmente, el Senado de la República estarán enfrentados a decisiones cuya trascendencia vale la pena subrayar: las que conducirán a la designación del nuevo Fiscal Nacional que debe encabezar durante los próximos ocho años al Ministerio Público.

Guillermo Piedrabuena, el Fiscal saliente, ha realizado una labor digna de aprobación. Le correspondió ocupar el cargo en los ocho primeros años de la institución recién creada por la reforma procesal, y lo hizo de manera apropiada, abocándose a la difícil tarea de organizarla y ponerla en funcionamiento. No todo fue perfecto, por cierto, porque no hay obras humanas que lo sean; pero, al cabo, el Ministerio Público se ha consolidado y ha sido capaz de asumir las tareas que la ley le confía, por lo menos en sus líneas generales. Exigir más de Piedrabuena sería excesivo.

Pero el período de su sucesor no puede ser más de lo mismo, porque eso significaría que la institución se anquilosa, y arriesga sumirse en el pantano burocrático. El Ministerio Público ha obtenido éxitos que aquí no me propongo detallar, pues son de dominio público; pero hay también tareas inconclusas, otras que sólo se han cumplido parcialmente y algunas que, incluso, ni siquiera se han principiado a abordar. Entre las primeras se encuentra la de un mayor compromiso con los esfuerzos por reducir los índices de delincuencia. Ciertamente, ésta no es una función que competa primordialmente a la institución, cuyas responsabilidades principales son diferentes. Pero eso no significa que no le corresponda o no pueda hacer más por la realización de un objetivo cuya importancia puede medirse por el hecho de que constituye una de las preocupaciones sobresalientes de la ciudadanía. El Ministerio Público no puede, por sí solo, obtener logros relevantes en el campo de la disminución de los delitos, porque está concebido para lograr que se sancionen los ya cometidos, pero sí contribuir colaborando con las otras instituciones a las que corresponde asumir esa responsabilidad a que haya progresos en tal sentido; en ese campo, le compete esforzarse por conseguir que el hombre común perciba la persecución penal como un proceso ágil, eficaz y conducente a resultados proporcionados a la magnitud del hecho punible; el delincuente, a su vez, debe adquirir conciencia de la certeza del castigo.

Entre los objetivos que la institución ha logrado de manera parcial, puede mencionarse la celeridad de la reacción punitiva. Las estadísticas indican que el tiempo que se requiere actualmente para concluir un proceso penal es inferior al que se necesitaba para hacerlo durante el imperio de la ley antigua. Pero esto no basta. Es menester que también se perciba por la ciudadanía como adecuada la calidad de los resultados que se obtienen, y en esto hay todavía por hacer.

Por último, entre las tareas pendientes se encuentra, por ejemplo, la de dar protección a la víctima y apoyarla en su natural aspiración a obtener reparación. El propio Fiscal Nacional, en declaraciones a la prensa, ha reconocido que ésta es una función en la que se ha progresado poco y a la que es preciso otorgar prioridad, modificando una actitud algo prescindente como la que ha existido hasta el presente.

Los desafíos que he mencionado son ejemplares. Hay muchos otros, que sería imposible detallar. Pero éstos bastan para destacar lo prudente que ha de ser la selección del nuevo Fiscal Nacional por parte de las autoridades llamadas a realizarla. Por eso, será particularmente deseable que únicamente consideraciones de alta política pública presidan ese proceso que requiere decidir muchas cuestiones complejas. Por poner otra vez nada más que un ejemplo: ¿será preferible la designación de un Fiscal Nacional procedente de las mismas filas de la institución, por el aporte de experiencia que indudablemente podrá hacer en ese caso el nominado, o será mejor sacrificar esa ventaja, escogiendo a alguien que, por venir de fuera, puede aportar soluciones más frescas y originales a los problemas pendientes y evite el entronizamiento de una cultura corporativa tan dañina como la que suele apreciarse en otros ámbitos?

Responder en unas cuantas líneas a interrogantes de esa naturaleza y magnitud constituiría una liviandad en la que por cierto me guardaré de incurrir. Aquí sólo se trata de llamar la atención de la opinión pública sobre la importancia y dificultades de un proceso que, aunque le parezca distante porque no participa de él directamente, tiene una incidencia fundamental en la vida de la comunidad.

Saludos
Rodrigo González Fernández
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