| Por Francisco Encina Moriamez * / La Nación | |
| EN DEBATE | |
| Chile y la crisis energética | |
| Es de la más absoluta pertinencia la discusión surgida por el informe Zanelli; no para que se tome una decisión sobre el uso de este tipo de recursos, sino porque obliga a pensar en el mediano y en el largo plazo. |
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* Presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados
A RAÍZ DEL informe Zanelli en torno a la posible utilización de la núcleo energía en nuestro país y que fue entregado hace poco a la Presidenta Michelle Bachelet, se ha abierto una gran oportunidad para avanzar en la discusión sobre el conjunto de la matriz energética chilena. Cada año la demanda nacional de electricidad crece alrededor de 5%; es decir, se necesitan aproximadamente 350 megawatts en el Sistema Interconectado Central desde Taltal a Chiloé (SIC) y 150 megawatts en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Por supuesto, se trata de cifras estimativas, que pueden variar de un año a otro. Pero lo esencial para mantener nuestro crecimiento económico (del que en este caso definitivamente hay que olvidarse) es diversificar nuestra matriz lo más posible para que no nos pase en el futuro algo como lo ocurrido con el gas natural argentino.
Necesitamos energía producida por centrales hídricas, termoeléctricas a carbón, gas natural licuado, diésel y otras y, por supuesto, fuentes renovables no convencionales (ERNC) para alcanzar un equilibrio en la generación, que se refleje en precios razonables y de manera especial en la seguridad del suministro. Este estratégico sector nacional tiene necesidad de planificación y, por cierto, de planes que sean trazados en el largo plazo. Cualquier decisión tomada hoy tiene un horizonte para los próximos 30, 40 ó 50 años. Todas estas definiciones necesitan del acuerdo de los actores relevantes: empresarios, defensores del medio ambiente, trabajadores, sociedad civil en general y el Estado. Se trata de políticas que trascienden los intereses de grupos de presión o los intereses económicos específicos. El rol del Estado es imprescindible en toda materia futura, normativa, regulación y de proyección del sector.
En los últimos tiempos, se ha discutido mucho sobre estos temas, fundamentalmente debido a los peligros de una suspensión del suministro, el racionamiento y los costos de energía mayores, que desde 2000 a la fecha han subido en casi 110% en nuestro país. Sin embargo, no encontramos el consenso necesario para que podamos equilibrar los intereses de quienes desean invertir en la generación energética y de aquellos que defienden legítimamente los intereses ambientales oponiéndose a casi todas las obras posibles para obtener energía a una escala adecuada para responder al desarrollo. Muchos dicen que podemos absorber la demanda mediante el empleo intensivo de las ERNC. En parte, y hay que impulsarla y privilegiarla; de hecho hemos aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto que exige que a partir de 2010 nuestra matriz cuente con 5% de ERNC, llegando finalmente a 8%. También debemos impulsar la eficiencia energética. Pero de todas maneras estos esfuerzos no lograrán satisfacer la demanda conjunta del país. Por eso es necesario instalar grandes generadores de energía sobre la base de otras fuentes, ojalá las menos contaminantes posibles.
Los proyectos de Aysén han recibido serias críticas tanto por la inundación de grandes extensiones de suelo patagónico como por la instalación de torres de transmisión que atravesarían miles de kilómetros. La instalación de las centrales a carbón también ha sido rechazada por quienes habitan en sus cercanías. Las preguntas de fondo son: ¿qué hacemos para contar con energía eléctrica en los próximos años a precios razonables? ¿Cómo aseguramos el crecimiento si tenemos estos tremendos lomos de toro, que impiden la instalación de nuevas centrales de generación? ¿Cómo aseguramos energía y precios adecuados a los sectores más pobres de la población?
Todas las respuestas pueden tener ángulos diferentes sobre la base de los intereses que representa cada sector. En primer lugar, se deben respetar las normativas ambientales; existen claros procesos de evaluación y estudios que han sido fijadas por ley y reguladas por la autoridad. Por otra parte, no podemos cerrarle todas las puertas a la generación de energía necesaria para el desarrollo del país. Ambos criterios deben ser articulados en el futuro si queremos mejorar la calidad de vida de los chilenos y seguir desarrollándonos. Por esto, me parece de la más absoluta pertinencia la discusión de fondo surgida alrededor del informe Zanelli sobre energía nuclear; no para que se tome una decisión sobre la utilización de este tipo de recursos, sino porque nos obliga a pensar en el mediano y en el largo plazo sobre nuestra matriz energética y, por cierto, a poner en el centro de nuestro debate el rol del Estado en estas materias. Por eso, resulta necesario avanzar en esta discusión y plantearnos y definirnos en temas que son fundamentales para el país y sus habitantes.
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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