Hoy se cumplen cinco días desde que comenzó a regir la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información en todos los órganos de la administración pública. Aunque se puso en práctica en forma poco homogénea y existen incumplimientos en algunos servicios -principalmente en municipalidades debido a la falta de recursos- el balance general es positivo.
El hecho de que se exija por ley a más de 800 órganos públicos la entrega de información sobre sus funciones, dotación de personal, remuneraciones y contratos, entre otros antecedentes, significa un cambio cultural de grandes proporciones. Hasta ahora el secretismo era la norma imperante en el aparato público y ahora pasará a ser la excepción. Sólo en casos excepcionales -cuando se pueda afectar a terceros o se ponga en juego la seguridad nacional- se podrá mantener en secreto la información.
Esta revolución cultural sólo es posible debido al cambio que existe en la concepción de la información pública. Si hasta ahora existía la noción de que ésta pertenecía a los órganos públicos que la producían, con la nueva ley se entiende que es de propiedad de la ciudadanía y que, por lo tanto, puede ser exigirla como un derecho.
Como Presidente del Senado me tocó la implementación de esta ley -originada en la moción de los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri- y puedo asegurar que existe la voluntad de aplicarla a fondo y en toda su magnitud.
El tremendo esfuerzo que se hizo en el Senado desde la Secretaría y en el Departamento de Informática fue ampliamente recompensado. La Corporación fue de las primeras instituciones públicas en subir los datos que exige la ley a su página web (un día antes de lo requerido), cumpliendo cabalmente con las exigencias de transparencia activa. Ello fue bien valorado por la opinión pública y es un aliciente más para continuar por la senda de la transparencia, la cual no sólo permite profundizar la democracia sino que también acercar al Senado a la ciudadanía y mejorar su imagen pública.
En lo que respecta a la transparencia pasiva, la Cámara Alta tomó la decisión de ir un paso más allá de la ley y no contentarse sólo con cumplir los mínimos. A pesar de que el Senado no está obligado por ley a contestar los requerimientos de información de la opinión pública ni está bajo la tutela del Consejo para la Transparencia, igualmente incorporó a su reglamento una institucionalidad para que se entregue toda la información que se solicite, excluyendo solo aquellas materias que la propia ley exceptúa. Es así como no existe el deber de entregar los antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución determinada, como por ejemplo la discusión que se produce al interior de las comisiones legislativas. De ellas quedará constancia en los informes de comisión, que son públicos.
Con esta ley se pone en marcha un proceso que debe ser perfeccionado a lo largo del tiempo. Es imposible que un cambio tan sustantivo se ponga en marcha de un día para otro. Se debe considerar también que existe una deficiencia en el sistema público de archivos. Hay mucha información del pasado que será difícil de recabar o de la cual simplemente ya no existan registros. Por lo tanto, esta ley tendrá un efecto secundario importante: nos va a obligar a mantener un sistema eficiente de archivos públicos.
Así como el Senado y el resto de los organismos públicos han mostrado su voluntad para transparentar su accionar, es necesario que quienes hagan uso de la información entregada actúen de manera responsable y con comprensión, ya que en esta primera etapa de implementación no se podrán poner a disposición todos los datos con la rapidez y profundidad que se quisiera.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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