Chile, según lo anunciado por la Presidenta Bachelet, será definitivamente invitado a integrarse a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Es un reconocimiento a las buenas políticas e instituciones económicas que nuestro país ha venido implementando en las últimas tres décadas y a la consolidación de la democracia. La OCDE reúne a 30 países, en su mayoría desarrollados, cuyo ingreso per cápita promedio el año pasado fue de casi 34 mil dólares ajustados por poder de compra (PPC) -más del doble del nuestro, que llegó a poco más de 14 mil 400 dólares.
Pero, además de reconocimiento, hay en este ingreso una oportunidad para aprender de países que son líderes en áreas en las que Chile está todavía muy atrasado. Pasar de nuestro actual ingreso per cápita al que disfrutan esos países o, incluso, alcanzar el umbral de país desarrollado, que se asocia con una cifra del orden de 22 mil dólares a PPC, es una tarea compleja que requiere cambios profundos de nuestras instituciones y políticas públicas. En su gran mayoría, los países que forman parte de esa organización han transitado este camino y, en muchos casos, han contado con su soporte técnico e intelectual para empujar las reformas que ese recorrido requiere.
Si eso no se aprovecha, sólo se pagarán los costos administrativos que significa pertenecer a dicha entidad y no habrá beneficios concretos para el país, o éstos serán muy reducidos, abarcando sólo aquellas cuestiones generales que la organización exige a sus miembros, como las referidas a los gobiernos corporativos de las empresas públicas.
Innovación y desarrollo son otra área en que la OCDE puede aportar a nuestra realidad. Los países miembros invierten del orden de 2,3 por ciento del PIB para estos propósitos; Chile, en cambio, invierte en torno al 0,6 por ciento. Acá, además, es principalmente inversión pública. Allá es mayoritariamente privada (alrededor de dos tercios del total). Es especialmente esta última la que puede potenciar la productividad -tan disminuida en la actualidad- y el crecimiento económico. A pesar de algunos avances, particularmente en la formación de capital humano avanzado, Chile no ha podido articular políticas e instituciones adecuadas para emular la experiencia de esos países. Nuestro ingreso a la OCDE brinda una nueva posibilidad de asegurar un cambio apropiado en este asunto de tanta importancia para el desarrollo futuro del país.
Entre otros muchos, un campo fértil de colaboración es la modernización del Estado. Chile requiere un Estado mejor y más orientado a los ciudadanos. Alcanzar eso supone actuar en diversos frentes. Es indispensable, por ejemplo, desarrollar una mayor coordinación en la gestión gubernamental, muy débil o completamente ausente en la actualidad, lo que reduce la eficacia y calidad de las políticas públicas. Eso debe ser acompañado de un nuevo régimen en las relaciones laborales en el sector público, que hoy impiden una gestión eficiente y moderna. Todo esto es imposible si no se moderniza la actuación de la Dirección de Presupuestos, que si bien es muy efectiva en algunas áreas, en otras ahoga innecesariamente la autonomía de las distintas reparticiones públicas y neutraliza la gestión de altos directivos públicos, muchos de los cuales son altamente competentes para llevar adelante y hacerse responsables de su labor. Eso supone cambiar la manera como se asigna el presupuesto, pasando del actual esquema por insumo a otro en que el Estado central "compre" bienes y servicios en las instituciones del sector público, que deben ser evaluadas por la eficacia y calidad en la provisión de ellos.
La Dirección de Presupuestos, en cambio, ha privilegiado una serie de indicadores de gestión que no han ayudado a lograr un mejor Estado. En estos ámbitos hay interesante experiencia acumulada en la OCDE.
Qué no emular
Pero no faltan las voces que, más que aprender de la experiencia de esos países, ponen el acento sólo en ciertos aspectos específicos que los caracterizan. Un elemento central es la recaudación tributaria, que para el promedio de los países de la OCDE alcanza a 27 por ciento, una vez que se excluyen las contribuciones a seguridad social. Nuestra recaudación de 18 por ciento del PIB parece baja respecto de la de esos países, pero eso demanda al menos dos precisiones. Por una parte, reconocer que ese promedio esconde grandes diferencias. Así, por ejemplo, Alemania, Corea, Estados Unidos y Japón recaudan menos del 22 por ciento del PIB en impuestos, excluida la seguridad social. La principal economía asiática recauda aproximadamente lo mismo que Chile. Esto evidencia que estar en la liga de los países desarrollados no requiere necesariamente una recaudación tributaria mayor que la actual, y tanto menos cuanto que la eficacia y eficiencia de nuestros servicios y empresas públicas todavía deja mucho que desear.
Por otra parte, nuestra menor recaudación como porcentaje del PIB se explica fundamentalmente porque en Chile las personas pagan una menor proporción de impuestos a la renta que en los países de la OCDE. Esto, a su vez, obedece a dos razones principales: la primera es que, entre nosotros, el 80 por ciento de la fuerza de trabajo no paga impuestos. En cambio, en los países de la OCDE -sobre todo en los más desarrollados- casi ningún trabajador está excluido del pago de impuestos.
A eso se añade que el gasto privado de nuestros hogares de ingresos medios y altos en bienes como educación o salud es más elevado que en los países de la OCDE. Eso resulta en un sistema de impuestos y gastos públicos muy redistributivo. Se perdería esta cualidad si las personas de ingresos medios y bajos tuvieran que pagar impuestos a la renta, y se tornaría injusto si las personas de mayores ingresos tuviesen que pagar más impuestos, manteniendo el gasto privado en bienes como los mencionados.
Saludos,
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