Claroscuros de la transparencia estatal
Por @regional /
Pese a las inconsistencias en materia de transparencia y acceso a la información que se han suscitado en la mayor parte de las entidades federativas, las leyes en la materia representan un antecedente favorable en el camino de las buenas prácticas gubernamentales.
México DF 03 oct 2006 .- De diciembre de 2000 a la fecha, casi todos los congresos estatales han aprobado sendas leyes de acceso al información. Hasta septiembre de este año, las únicas entidades que no contaban con este instrumento eran Hidalgo, Tabasco y Chiapas, aunque en este último caso es evidente que no se requiere una norma legal para ser transparente.
De cualquier forma, han sido necesarios más de cinco años para que este derecho pueda ejercerse en los estados, aunque no en todos los casos de manera plena y satisfactoria.
De acuerdo con un análisis de los economistas Eduardo Guerrero Gutiérrez y Leticia Ramírez de Alba Leal la calidad de las leyes de transparencia en los estados sigue siendo tan deficiente que los congresos locales están obligados a realizar una amplia revisión de sus contenidos.
El Indice de Evaluación de Leyes Estatales desarrollado por los expertos refiere que sólo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Jalisco obtuvo una calificación aprobatoria (7.6), pese a que se aprobó antes que la ley federal, en diciembre 2000.
Los economistas señalan que las demás leyes obtuvieron un promedio de 3.4 puntos, debido a que "tienen una incidencia nula o baja en la conformación de un sistema institucional de rendición de cuentas".
Sin embargo, reconocieron avances importantes en esas mismas normas. Por ejemplo, señalan Guerrero Gutiérrez y Ramírez de Alba, la calificación obtenida en "cobertura" fue de 9.3 puntos y en "obligaciones de transparencia" de 8.1 puntos.
No obstante, los problemas empiezan cuando el ciudadano quiere acceder a la información pública. En este rubro las leyes estatales reportan en promedio una calificaron de 5.9 puntos, mientras en el apartado de "observancia de la ley" obtuvieron 3.4 puntos.
En su investigación, los especialistas concluyen que tanto los legisladores locales y federales, así como el Ejecutivo federal, realizaron un esfuerzo deliberado para "posponer la puesta en marcha de las leyes de transparencia, a fin de evitar que las leyes pudieran convertirse en un instrumento que cuestionara sus gestiones".
La obediencia anticipada
Por su parte, Héctor Fix Fierro, del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que la mala implementación de estas leyes en los estados se debe a una forma de "obediencia anticipada".
Considera que los congresos locales aprobaron normas deficientes para anticiparse a una obligación que tarde o temprano sería impuesta desde la Federación o algún organismo internacional, como el Banco Mundial.
"Probablemente los legisladores locales creyeron que adelantándose tendrían la ventaja de fijar condiciones favorables para aquellas autoridades que dictaran esas leyes", asegura el especialista de la máxima casa de estudios del país.
No obstante, agrega que esta tesis no es del todo cierta. Aunque los diputados locales hayan aprobado estas leyes de transparencia de manera apresurada, todos los esfuerzos de los estados cuentan con elementos innovadores dignos de estudio. No son un mero reflejo o simple imitación de la norma federal, indicó Fix Fierro.
El investigador elogió el análisis de los economistas Guerrero Gutiérrez y Ramírez de Alba, pues el índice es una comparación sistemática permite medir la proximidad o lejanía de una ley con el ideal normativo.
Un nuevo texto constitucional
Sergio López Ayllón, del Sistema Nacional de Investigadores, consideró que el único camino para rectificar y homologar el derecho de acceso a la información entre las entidades federativas es "constitucionalizar" la transparencia.
El doctor en derecho reconoció, sin embargo, que el proceso no será fácil. "¿Cómo constitucionalizar el derecho a la información? ¿Qué contenidos específicos?", se cuestionó.
"¿Qué ajustes requiere una reforma constitucional en el ámbito federal y en las entidades federativas? Es decir, ¿qué papel juega el federalismo en el ejercicio y en la regularización de este derecho? ¿Se requiere o no un órgano constitucional autónomo? ¿Deben o no los partidos políticos ser sujetos del derecho del acceso a la información?", pregunta el jurista.
Para Fix Fierro, el nuevo texto constitucional debe definir los contenidos mínimos, pero esenciales de la transparencia y el acceso a la información, además de los elementos principales para su protección y su defensa.
Seguramente habrá una gran diversidad de interpretaciones y no podrán evitarse las diferencias conceptuales; sin embargo, lo que se puede lograr es un nivel de debate más elevado que el actual. "Ese es el juego del federalismo y hay que verlo con claridad", señaló.
RODRIGO GONZALEZ FERNADEZ
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