En virtualmente todos los sectores estratégicos de nuestros países están presentes esos organismos. Se les somete a su dinámica expoliadora y sus impactos económico-políticos, sociales y ambientales siguen siendo tan amplios como los observados en las administraciones de la época colonial, e incluso, en algunas áreas son más pronunciados.
Esta tendencia se acentuó de manera notable como resultado de la crisis deudora de 1982, cuando se impuso un régimen acreedor a ultranza derivado del desvío masivo de la inversión pública a gastos no-productivos, undamentalmente, en ese momento, hacia el servicio de la deuda. Se generaron así enormes boquetes presupuestales que estas instituciones se aseguraron cubrir con préstamos y fondos altamente condicionados.
Con la complicidad y la complacencia de sus aliados de clase en el país, el proceso desemboca en una paulatina pero sistemática y creciente subordinación y desnacionalización del proceso de toma de decisiones domésticas en áreas cruciales, afectando de manera grave la economía popular, el interés público nacional (entendido como el interés de la mayoría de la población mexicana), la soberanía y la seguridad nacional.
Se implanta entonces lo que se puede calificar como una guerra de clases a partir de la implementación de un vasto programa que incluye, de manera prominente, la desregulación, las privatizaciones, la apertura comercial unilateral, la reducción del gasto público, la liberación de precios a la par de la incautación de los salarios, entre otras cuestiones. De manera crónica, el esquema está diseñado para favorecer especialmente al alto empresariado doméstico e internacional, acentuando de manera espectacular la distribución regresiva del ingreso y el desempleo y con ello vulnerando la paz social y el futuro generacional.
Esto, y más, es lo que en abstracto algunos llaman “neoliberalismo”, quienes al no identificar los actores, intereses e instituciones concretas involucradas, son presa fácil de la versión Disney que proyecta la imagen de que se trata de instituciones financieras “multilaterales” o “internacionales” dedicadas a fines nobles como “combatir la pobreza”. Ello podría explicar parcialmente la paradoja que se registra cuando testificamos que ciertos sectores de la izquierda establecen agendas comunes y/o vínculos profesionales con entes como el BM, al tiempo que se colocan en pie de lucha contra el “neoliberalismo”, el fraude electoral o la corrupción y en pro de la transparencia. La otra explicación sería que son propensos a la sobornización, tal y como ya se ha detectado públicamente en algunos casos.
Todo indica que dejan en el baúl de los olvidos el hecho de que el ejecutivo de Estados Unidos (EUA) tiene gran preponderancia en la toma de decisiones del BM que opera bajo el principio de “un dólar un voto”. Tan es así, que es bien conocido que Washington y Europa históricamente se reparten las posiciones clave de control del BM y el FMI.
Como lo ha mostrado Paul O’Neil (El precio de la lealtad. Taurus. Barcelona, 2004), ex-secretario del Tesoro de George W. Bush, la Casa Blanca hace y deshace con esas instituciones. Las usa a su arbitrio, sea para implantar una veda de créditos a estados que suele categorizar como “delincuenciales” (rogue states), e.g. Venezuela; o bien para inducir la privatización de empresas o instituciones codiciadas por el alto capital, como las del sector energético, de transporte o el científico-tecnológico/educativo.
Y es que vincularse al BM no es asunto menor. Se trata de una institución que no solamente tiene fuertes vínculos con los sectores monopólicos y oligopólicos cuyos intereses auspicia, sino que además los tiene también con el aparato de seguridad de EUA y su cambiante red de alianzas. Lo ilustra nítidamente la presidencia del ex-secretario de Defensa Robert McNamara, uno de los responsables de la guerra de Vietnam, hasta la de Paul Wolfowitz, ex-subsecretario de Defensa y actual presidente del BM, quien es uno de los principales exponentes del neo-conservadurismo estadounidense y arquitecto, junto a Ronald Rumsfeld, de la petroguerra que asola a la población iraquí y afgana en abierto rompimiento con los fundamentos del Derecho Internacional y de la normatividad derivada de los Juicios de Nuremberg.
Poder Judicial: Implicaciones y efectos de los condicionamientos del BM
A pesar de tener un polvorín social a punto de estallar (e.g. Oaxaca, Chiapas) el BM y sus aliados de clase en México, insisten continuar en la misma dirección arriba descrita. Para ello ha sido imprescindible, como nunca antes, garantizar la continuidad transexenal, misma que, entre otros mecanismos, es delineada desde el BM a través de los Country Strategy Papers.
Y es que el BM et al están concientes de la centralidad que adquirió desde 1996 el Poder Judicial. No es casual que en ese año se otorgara el derecho constitucional a la Suprema Corte de Justicia de revisar las leyes electorales federales y estatales. Así, el Judicial se aseguró un rol esencial en la calificación de los procesos electorales y se perfiló como un potencial garante de la mencionada continuidad en las elecciones de 2006. No sorprende entonces encontrar ingentes esfuerzos del BM por la vía de “asesorías”, préstamos y fondos para la “modernización” precisamente del Judicial.
A través del State Judicial Modernization Supporting Access to Justice Project (Reporte No. 27946-MX. Washington, junio de 2004), el BM cubre específicamente el periodo transexenal al extenderse de 2005 a 2009 con un monto inicial de 37.5 millones de dólares y que no incluye recursos de otros donadores internacionales (véase más adelante).
En el documento se nos informa que, “...el gobierno de Fox asignó una alta prioridad a las instituciones judiciales y pidió al BM su ayuda en una junta con Wolfensohn [entonces presidente del BM]”. El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, interesado no sólo en la mencionada continuidad, sino también en la permanencia de la impunidad del sistema tras haber sido pieza clave en la multimillonaria transacción de compra-venta/desnacionalización de Banamex al avalar un precio formidablemente inflado de 12, 450 millones de dólares [1] en comparación de su precio de privatización de 3, 000 millones de dólares (ya de por sí inflado 2.6 veces su valor en libros), precisó entonces al BM que, “...la reforma económica más importante que México necesita es la reforma judicial”.
Debe aquí notarse que tal solicitud se realiza a poco más de dos años antes de las elecciones presidenciales, teniendo como objeto explícito el de subsumir al Judicial bajo los intereses del empresariado nacional e internacional como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial. El mecanismo operativo, indica el BM, se sustenta en una serie de programas de reforma, modernización, monitoreo y evaluación de las Cortes Estatales y ciertamente de la Corte Federal. Interesa incidir, se puntualiza, en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y en la reorganización de las Cortes Estatales, de su área de jurisdicción y de su personal con ayuda de actores como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CNTSJ) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Otras entidades públicas, donadores internacionales (agencias de cooperación principalmente), ONG y entidades académicas son invitadas -y pagadas en su caso- para que realicen actividades de “adiestramiento” de personal y “monitoreo y evaluación”, entre otras. La intención: legitimar la “nueva” reestructuración y subordinación del Judicial, es decir de la revisión y monitoreo de cerca de los 6 mil jueces del país en todos sus rangos y funciones (magistrados, etc)!
Banobras, entonces a cargo de Luis Pazos de la Torre de conocida trayectoria ultra derechista, agrega el BM, “...ha decidido abrir una línea de crédito para asistir a los Estados en el fortalecimiento de las instituciones judiciales (Programa de Crédito). Éste ha tomado la dirección en el desarrollo de acuerdos para asistir las ramas judiciales en la mejora de su actuación”. Tal programa de crédito debe leerse correctamente como un programa clientelar de actores puntualmente reconocidos en el documento del BM como “gobernadores, jueces, la academia, empresarios, etcétera”. El Banobras, un ente que desde la década de 1980 gestiona los fondos del BM en el país, se perfila entonces como el caballo de Troya, desde el cual no sólo se influye políticamente y se genera el clientelismo, ahora hacia adentro del Judicial, sino que se induce a escenarios de gran corrupción o, como lo ha precisado el ex-jefe de economistas del BM, Joseph Stiglitz, de “sobornización”. Todo contradictoriamente bajo la cubierta de promover la eficiencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción .
El Judicial y la sobornización y legimización de la actuación del BM
El proceso de sobornización y legitimización de la actuación del BM y sus aliados de clase en México es altamente ambicioso, por lo que se contempla su extensión a un periodo de entre 10 a 15 años con un gasto adicional que va de los 200 a los 250 millones de dólares. En este escenario, el BM considera como instrumento estratégico el desarrollo de la capacidad de Banobras en lo que se asume como “un nuevo sector” a financiar (el Judicial), por ejemplo a través de la colaboración entre la CNTSJ y otros organismos, así como mediante el desarrollo de “un proceso de aprendizaje” impulsado desde la investigación y evaluación de experiencias desde entes como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Iberoamericana o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En otras palabras, el BM contempla la adjudicación de una importante ‘masa crítica’ de académicos y expertos que legitimen su actuación, mismos que adicionalmente se podrían vincular a través de la creación de Centros de Información y Documentación Judicial y de Oficinas de Orientación Ciudadana. Estos últimos, cuestionables tarjetas de presentación ante ciudadanía.
Los ejemplos de co-participación son numerosos. Por ejemplo, en 1999 el ITAM realizó un estudio sobre “La Administración de Justicia de las Entidades Federativas Mexicanas a Partir del Caso de la Cartera Bancaria”, en 2000, otro en la “Justicia Civil y Mercantil en las Entidades Federativas” y, en 2002, uno más sobre “Indicadores de Calificación de la Administración y Justicia Local en las Entidades Federativas Mexicanas”. De modo similar, con el financiamiento de la Agencia de Cooperación de EUA - USAID (considerada por algunos como el brazo derecho del aparato de inteligencia de ese país), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un estudio de “Diagnóstico sobre la Administración de Justicia en las Entidades Federativas”. Asimismo, el CIDE finalizó en 2002-2003 un estudio sobre “Juicios Ejecutivos Mercantiles”.
La desnacionalización del Judicial queda nítidamente develada con el rol de la USAID en el financiamiento, con unos 55 millones de dólares anuales, de, por ejemplo la “asistencia técnica” para recomendaciones de acciones que se puedan implementar sin la necesidad de reformas legislativas (sic), para el entrenamiento directo de jueces, para el financiamiento de grupos de trabajo y de mediación -lo que sea que ello signifique- con la participación activa de la American Bar Association, etcétera.
Se unen esfuerzos similares, informa el BM, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Agencia de Cooperación Alemana (Gtz) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
Así que, en un área tan sensible para la soberanía nacional como lo es la estructura y dinámica del poder judicial y en un momento en que EUA levanta muros fronterizos y extiende su jurisdiccionalidad políciaco-militar hacia México y Canadá por medio de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN), también Wolfowitz et al, por medio del BM y con el respaldo implícito de la mencionada ‘masa crítica’, logran una gran incidencia en una cuestión que en cualquier lugar del mundo es exclusivamente doméstica. Más grave: lo que tenemos es la presidencia imperial de EUA, por medio de Wolfowitz, impactando la balanza entre los tres poderes, a favor del Ejecutivo y en detrimento del Poder Legislativo y Judicial. Ello revigoriza la autocracia presidencial que hemos padecido por más de 70 años con el Partido Revolucionario Institucional y, ahora, como resultado del magno fraude electoral avalado por el TEPJF, con la inminente instauración de un régimen de facto panista.
El grado de ingerencia metropolitana es de tal magnitud que como se ilustra en la siguiente cita, no se deja nada a la imaginación: sobrepasa en mucho el tipo de administración practicada por Europa en la época colonial. El BM en el documento aquí discutido, precisa que entre los riegos importantes a la continuidad transexenal, está el hecho de que:
...con muchas elecciones estatales pendientes, la posibilidad de cambio en la afiliación partidista en las gobernaturas es real. Los Estados mexicanos tienden hacia una dinámica de balanza de poder, al menos entre las ramas Ejecutivas y Legislativas. El sostenido apoyo, tanto a nivel Federal como Estatal, ayudaría a asegurar un soporte político a la agenda de modernización, así como a la continuidad de la misma por parte de las respectivas secretarías de finanzas.
Además, la “continuidad y compromiso con la modernización” se vería afectada por,
...victorias electorales por parte de partidos de oposición en algunos Estados [y desde luego a nivel federal!] que podrían resultar en un debilitamiento de la continuidad y compromiso con la modernización. Esto debería de mitigarse por medio del involucramiento del plenario del Tribunal Supremo en la elaboración de planes de modernización de la rama judicial de los Estados. Los magistrados y las autoridades públicas estatales también se involucrarán en la implementación del proyecto. La metodología participativa del diseño de este último igualmente debería de coadyuvar en esta dirección. Los aparatos judiciales de los Estados deben ser alentados a buscar colaboración de la Corte Federal y deben compartir actividades de conocimiento y adiestramiento. Tal colaboración ayudaría a mitigar fricciones Estatal-Federales o competencias, y promover la independencia judicial. Banobras mantendrá un diálogo continuo con los Estados” (las negritas son nuestras).
Tal “diálogo continuo”, que se refleja en la compra de todo un abanico de stateholders, ha resultado, entre otras cosas, en la conformación de un grupo de asesores externos del BM para la implementación exitosa de este plan de “modernización” del Judicial. Llama la atención que éste sea integrado en buena medida por académicos de instituciones de prestigio como la UNAM. El grupo esta constituido por: Ana María Alvarado del ITESM, Cecilia Azar de la American Bar Association, José Antonio Cavallero del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, José Luis Caballero de la Iberoamericana, Hugo A. Concha del IIJ-UNAM, Angélica Cuellar de la FCPS-UNAM, Héctor Fix Fierro del IIJ-UNAM, Alfonso Fragoso de la Iberoamericana, Omar Guerrero de la FCPS -UNAM, Ana Laura Magaloni del CIDE, José Ovalle del IIJ-UNAM, Miguel Olguín (asesor del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco), Luis Pásara del CIDE, Miguel Sarre del ITAM y Guillermo Zepeda del CIDE.
La destacada participación de la UNAM quedó planteada de modo extendido en el Country Assistance Strategy 2002-2006 cuando se precisaba, ya desde ese entonces, la necesidad de establecer un “laboratorio anti-corrupción”. Esa medida se materializó desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con la formal apertura del “Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia”, establecido “con el apoyo de una donación del BM” (www.corrupcion.unam.mx).
No deja de ser paradójico que el BM, una institución percibida internacionalmente como una de las más “opacas” y con un récord deplorable de rendición de cuentas (incluyendo aspectos sobre corrupción interna), logre reclutar a grupos o personalidades de izquierda y, desde la UNAM y otras instituciones, pontifique sobre la transparencia y “mejores prácticas de combate a la corrupción”. Máxime que su papel ha sido fundamental en el auspicio de la desregulación y de los programas de privatización a ultranza en México y otros países, aspectos identificados por analistas como Oscar Ugarteche y Mario DiConstanzo, como combustible principal de la ‘nueva corrupción’, la del rango de los miles de millones de dólares; es decir la ampliación exponencial de un fenómeno de tráfico de influencias de lo público a lo privado y de lo privado a lo público que además, para su funcionamiento, requiere fuertes dosis de “sobornización” avalada desde el poder.
Sería conveniente que al menos los sectores progresistas, parte de esa ‘masa crítica’ financiada por el BM, se decidieran aplicar los principios de transparencia y de rendición de cuentas con respecto a los compromisos formalizados con el BM, incluyendo las eventuales condiciones pactadas (sobre todo cuando esta de por medio el prestigio de algunas de las principales instituciones académicas del país).
También, convendría reflexionar en el sentido de que al formalizarse estos lazos con el BM et al, de manera implícita y explícita tales sectores avalan y fortalecen, desde la izquierda, la presencia y la incidencia en el país de una institución cuyos programas de “ajuste estructural” han tenido un impacto tan lacerante en nuestra población que es del orden del “democidio”.
[1] Equivalente al precio reportado por la venta de los 18 bancos privatizados por Salinas y al 58% del precio total de las 228 entidades privatizadas por ese gobierno (Del Villar, Samuel. Agravios Nacionales. Oceano. México, 2006: 79)
John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado pertenecen al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM http://www.cadtm.orgRODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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