Nuevas iniciativas para poner mayor información del Estado al alcance de los ciudadanos:
Gobierno promete más transparencia activa
CLAUDIO SALINAS
Para conocer el patrimonio e intereses de las altas autoridades no habrá que ir a la Contraloría, sino que estará en internet.
Se difundirá el lobby sobre las autoridades y se trabaja en un código de ética para los funcionarios públicos.
Se difundirá el lobby sobre las autoridades y se trabaja en un código de ética para los funcionarios públicos.
CLAUDIO SALINAS
Las declaraciones de patrimonio de las autoridades van a estar este año en los sitios web de sus respectivas reparticiones y la gente va a poder opinar sobre las iniciativas gubernamentales a través de ventanas de participación interactiva puestas a su disposición también en internet.
También los ciudadanos verificarán en la red si los funcionarios públicos están siendo objeto de lobby porque se difundirán las reuniones, los interlocutores y los temas abordados.
Todo ello es parte de las nuevas obligaciones que impondrá el nuevo instructivo presidencial sobre transparencia activa y publicidad de la información del Estado que está próximo a distribuirse en los servicios estatales.
Así lo adelantó a este diario el secretario ejecutivo de la agenda gubernamental de transparencia y probidad, el abogado y académico Rafael Blanco, quien además certificó el pleno cumplimiento del instructivo presidencial anterior, que tenía fecha límite el 31 de marzo.
Dicho instructivo dispuso que los veinte ministerios y 240 reparticiones públicas habilitaran en sus sitios web un banner llamado "gobierno transparente", mediante el cual se puede acceder a información sobre adquisición y contrataciones de bienes y servicios, las dotaciones de personal (de planta, a contrata y honorarios), transferencias de fondos a personas jurídicas y los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.
"Todos los servicios cumplieron y ya está disponible la información del 2006 y 2007. Nunca antes ningún otro gobierno en la historia de Chile había puesto a disposición de la ciudadanía en forma directa tal cantidad y calidad de información. Esto ayudará como un factor inhibidor de conductas y a reducir significativamente la arbitrariedad en las autoridades públicas, lo que constituye un poderoso antídoto para combatir la corrupción", enfatiza Rafael Blanco.
Hace hincapié, además, en que ha habido investigaciones de prensa que han utilizado la información de "gobierno transparente" para fundamentar denuncias de irregularidades, al igual que partidos opositores o centros de estudios políticos. "Esto merece ser destacado porque todo gobierno que da pasos relevantes en materia de transparencia se expone a ser más fiscalizado", indicó.
Nuevo instructivo
Cumplido este primer instructivo, el encargado de la agenda de probidad anticipa que "está a las puertas del horno" una nueva circular presidencial que profundiza las medidas de transparencia activa a nivel del Poder Ejecutivo.
Blanco precisa que este instructivo obligará a poner en los respectivos sitios web institucionales las declaraciones de patrimonio e intereses de las altas autoridades, vale decir ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis y jefes de servicio.
Hasta ahora dicha información tiene carácter público, pero para hacer eso efectivo hay que ir a pedirla a la Contraloría General de la República. Una vez en vigencia el instructivo, todos los chilenos podrán acceder a ella desde un computador.
"De esa forma se podrán fiscalizar los conflictos de interés que puedan producirse eventualmente entre quienes toman decisiones", sostuvo Blanco.
Un segundo aspecto que incluirá el instructivo presidencial serán las "minutas de posición de políticas públicas", que es la apertura de canales para que los ciudadanos puedan entregar puntos de vista, críticas o sugerencias frente a las diversas iniciativas que llevan adelante los servicios estatales.
Blanco señala que tales mecanismos existen en otros países y se conocen como "green papers", que en Chile podrían replicarse mediante la habilitación de ventanas interactivas en los sitios web de los respectivos ministerios y reparticiones.
El secretario ejecutivo de la agenda de probidad está trabajando con la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno para definir una metodología que facilite esta medida, que podría hacerse a través de preguntas específicas relevantes en cada tema.
Y en tercer lugar la circular de La Moneda intentará regular las acciones de lobby sobre los funcionarios públicos. Para esos efectos se instruirá a los ministerios para que difundan una agenda donde se informe de las personas que han concurrido allí en representación de intereses particulares, se expliciten los asuntos tratados y el funcionario que los recibió.
De esta forma, la Presidencia busca adelantarse a la normativa legal que regulará el lobby, que se viene tramitando hace años en el Congreso y que se espera vea la luz este 2007.
Buenas prácticas
Otra línea de trabajo que está llevando adelante el encargado de la agenda es la detección de buenas prácticas en materia de transparencia y probidad, que serán seleccionadas por un jurado con el fin de replicarlas en el resto de la administración pública mediante la distribución de un manual que contribuya a mejorar los sistemas de gestión de los diversos servicios.
El jurado encargado de evaluar y elegir las mejores prácticas lo integran especialistas y profesionales que han enfocado su actividad en los temas de transparencia y probidad como Juan Pablo Olmedo, de Pro-Acceso; Andrea Sanhueza, de Participa; Lucas Sierra, del Centro de Estudios Públicos; Edgardo Boeninger, de Transparencia Chile, y Claudio Fuentes, de Flacso.
Tras oficiar a los veinte ministerios y 240 servicios estatales para que postulen y promuevan sus buenas prácticas, Blanco especificó que se privilegiarán aquellas que puedan ser replicables, que tengan continuidad, registren real impacto y bajos costos de aplicación.
Advirtió que "sin ánimo de influir en el jurado", la Superintendencia de Salud y la Subsecretaría de Telecomunicaciones registran una labor proactiva en materia de transparencia y probidad a su juicio sobresaliente y así lo acreditarían la calidad de sus sitios web institucionales.
Código de ética
Finalmente, el gerente de la agenda de probidad informó que, junto al manual que recogerá y difundirá las buenas prácticas, se está trabajando en la elaboración de un Código de Ética Pública y un programa de capacitación de funcionarios estatales en temas de probidad.
El propósito es que un código de normas y cursos de inducción permitan a los funcionarios tener claridad sobre los criterios, interpretaciones y estándares que deben observar frente a situaciones como recibir invitaciones de particulares, regalos, viajes pagados, etc.
El proceso de recopilar y sistematizar todas las normas sobre ética pública que están dispersas en instructivos y leyes lo lleva a cabo un grupo de trabajo que integran la Secretaría General de la Presidencia, el Consejo de Auditoría General de Gobierno y la Dirección del Servicio Civil, además del secretario ejecutivo de la agenda de probidad.
Para la capacitación de empleados estatales en estos temas se cuenta con la asesoría de la oficina del gobierno estadounidense que vela por la ética funcionaria (US Office of Government Ethics), que ha enviado interesante material sobre sus programas de formación.
El nuevo impulso que trae el ministro Viera-Gallo
El encargado de "gerentear" la agenda de transparencia está entusiasmado con la llegada de José Antonio Viera-Gallo al gabinete, porque le permite retomar sus funciones de apoyo al seguimiento legislativo de estos temas, después de cierto ostracismo al que lo relegara la ex ministra Paulina Veloso, quien no le abrió espacios en ese ámbito.
"Con la ministra Veloso teníamos una relación de trabajo fluida. Yo presenté al comité político mi plan de trabajo, que contemplaba orientar las iniciativas de transparencia y probidad en el ámbito administrativo interno y apoyar a los ministros responsables de la tramitación legislativa. Al final se definieron ámbitos de trabajo más delimitados, estancos, y nosotros nos abocamos fundamentalmente al cumplimiento del instructivo presidencial", señaló el abogado.
"Nunca he tenido problemas con ninguna persona del comité político, siempre me sentí muy apoyado, pero la llegada de José Antonio, con quien tengo una excelente relación profesional y de amistad, va a potenciar enormemente la agenda. Con él hemos trabajado juntos estos temas en la sociedad civil, y sé que tiene convicciones personales muy profundas sobre la relevancia de esta materia", aseveró.
Según Blanco, la presencia de Viera-Gallo brinda la oportunidad de avanzar con el acuerdo de los partidos de la Concertación y la Alianza.
"Yo he conversado con las directivas de todos los partidos, y hemos encontrado una muy buena respuesta. Creemos que hay condiciones para un gran acuerdo que permita viabilizar en el corto plazo esta agenda de transparencia y modernización", sostuvo.
Consultado sobre si no existe el peligro de que estos temas se politicen y queden al vaivén de la guerrilla política, responde: "Ese riesgo siempre existe. Siempre está la tentación de utilizar los temas de seguridad ciudadana y de corrupción como temas de guerrilla política. Pero ése sería un error, porque el país es testigo de que cuando los temas relevantes son asumidos con visión de futuro y lógica de Estado, al final todos nos beneficiamos. La reforma procesal penal es un ejemplo emblemático de ello".
Agenda con metas ambiciosas
2007 va a ser el año en el que el país se dote de una nueva y más moderna institucionalidad en materia de transparencia y probidad, lo que le permitirá afianzar su posición como uno de los veinte países más avanzados en el mundo y el primero en América Latina en esta materia, recobrando así posiciones en los rankings internacionales, donde desde hace años permanece algo estancado.
Así lo anticipa el secretario ejecutivo de la agenda gubernamental, quien no duda en poner como desafío el avanzar este año en algunos pedaños en el ranking de Transparencia Internacional. "Es bueno que nos pongamos esa meta este año y que seamos percibidos como un país más transparente y probo", afirma Blanco.
En la agenda legislativa de transparencia, calidad de la política y modernización del Estado hay ocho proyectos en trámite en el Congreso: la reforma constitucional que amplía las inhabilidades de los parlamentarios, la norma que protege a los funcionarios públicos que denuncien irregularidades, el de acceso a información pública, el de "puerta giratoria" (inhabilidad transitoria a funcionarios que pasan desde órganos reguladores a empresas reguladas), el que amplía los servicios sujetos a concursabilidad de los cargos (alta dirección pública), el que da estatus legal al Consejo de Auditoría de Gobierno, el de lobby y el proyecto de transparencia fiscal.
Rafael Blanco asegura que los proyectos próximos a ser ley son el que protege a agentes públicos que denuncien actos de corrupción y el que garantiza el acceso a información pública, creando además un órgano independiente que vele por esa garantía.
Quedan por enviar al Congreso el que crea una agencia de calidad de las políticas públicas y el que moderniza la Contraloría.
"Nunca antes ningún otro gobierno en la historia de Chile había puesto a disposición de la ciudadanía en forma directa tal cantidad y calidad de información".
"La transparencia es un factor inhibidor de conductas y reduce la arbitrariedad en las autoridades públicas, lo que constituye un poderoso antídoto para combatir la corrupción".
Las declaraciones de patrimonio de las autoridades van a estar este año en los sitios web de sus respectivas reparticiones y la gente va a poder opinar sobre las iniciativas gubernamentales a través de ventanas de participación interactiva puestas a su disposición también en internet.
También los ciudadanos verificarán en la red si los funcionarios públicos están siendo objeto de lobby porque se difundirán las reuniones, los interlocutores y los temas abordados.
Todo ello es parte de las nuevas obligaciones que impondrá el nuevo instructivo presidencial sobre transparencia activa y publicidad de la información del Estado que está próximo a distribuirse en los servicios estatales.
Así lo adelantó a este diario el secretario ejecutivo de la agenda gubernamental de transparencia y probidad, el abogado y académico Rafael Blanco, quien además certificó el pleno cumplimiento del instructivo presidencial anterior, que tenía fecha límite el 31 de marzo.
Dicho instructivo dispuso que los veinte ministerios y 240 reparticiones públicas habilitaran en sus sitios web un banner llamado "gobierno transparente", mediante el cual se puede acceder a información sobre adquisición y contrataciones de bienes y servicios, las dotaciones de personal (de planta, a contrata y honorarios), transferencias de fondos a personas jurídicas y los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.
"Todos los servicios cumplieron y ya está disponible la información del 2006 y 2007. Nunca antes ningún otro gobierno en la historia de Chile había puesto a disposición de la ciudadanía en forma directa tal cantidad y calidad de información. Esto ayudará como un factor inhibidor de conductas y a reducir significativamente la arbitrariedad en las autoridades públicas, lo que constituye un poderoso antídoto para combatir la corrupción", enfatiza Rafael Blanco.
Hace hincapié, además, en que ha habido investigaciones de prensa que han utilizado la información de "gobierno transparente" para fundamentar denuncias de irregularidades, al igual que partidos opositores o centros de estudios políticos. "Esto merece ser destacado porque todo gobierno que da pasos relevantes en materia de transparencia se expone a ser más fiscalizado", indicó.
Nuevo instructivo
Cumplido este primer instructivo, el encargado de la agenda de probidad anticipa que "está a las puertas del horno" una nueva circular presidencial que profundiza las medidas de transparencia activa a nivel del Poder Ejecutivo.
Blanco precisa que este instructivo obligará a poner en los respectivos sitios web institucionales las declaraciones de patrimonio e intereses de las altas autoridades, vale decir ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis y jefes de servicio.
Hasta ahora dicha información tiene carácter público, pero para hacer eso efectivo hay que ir a pedirla a la Contraloría General de la República. Una vez en vigencia el instructivo, todos los chilenos podrán acceder a ella desde un computador.
"De esa forma se podrán fiscalizar los conflictos de interés que puedan producirse eventualmente entre quienes toman decisiones", sostuvo Blanco.
Un segundo aspecto que incluirá el instructivo presidencial serán las "minutas de posición de políticas públicas", que es la apertura de canales para que los ciudadanos puedan entregar puntos de vista, críticas o sugerencias frente a las diversas iniciativas que llevan adelante los servicios estatales.
Blanco señala que tales mecanismos existen en otros países y se conocen como "green papers", que en Chile podrían replicarse mediante la habilitación de ventanas interactivas en los sitios web de los respectivos ministerios y reparticiones.
El secretario ejecutivo de la agenda de probidad está trabajando con la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno para definir una metodología que facilite esta medida, que podría hacerse a través de preguntas específicas relevantes en cada tema.
Y en tercer lugar la circular de La Moneda intentará regular las acciones de lobby sobre los funcionarios públicos. Para esos efectos se instruirá a los ministerios para que difundan una agenda donde se informe de las personas que han concurrido allí en representación de intereses particulares, se expliciten los asuntos tratados y el funcionario que los recibió.
De esta forma, la Presidencia busca adelantarse a la normativa legal que regulará el lobby, que se viene tramitando hace años en el Congreso y que se espera vea la luz este 2007.
Buenas prácticas
Otra línea de trabajo que está llevando adelante el encargado de la agenda es la detección de buenas prácticas en materia de transparencia y probidad, que serán seleccionadas por un jurado con el fin de replicarlas en el resto de la administración pública mediante la distribución de un manual que contribuya a mejorar los sistemas de gestión de los diversos servicios.
El jurado encargado de evaluar y elegir las mejores prácticas lo integran especialistas y profesionales que han enfocado su actividad en los temas de transparencia y probidad como Juan Pablo Olmedo, de Pro-Acceso; Andrea Sanhueza, de Participa; Lucas Sierra, del Centro de Estudios Públicos; Edgardo Boeninger, de Transparencia Chile, y Claudio Fuentes, de Flacso.
Tras oficiar a los veinte ministerios y 240 servicios estatales para que postulen y promuevan sus buenas prácticas, Blanco especificó que se privilegiarán aquellas que puedan ser replicables, que tengan continuidad, registren real impacto y bajos costos de aplicación.
Advirtió que "sin ánimo de influir en el jurado", la Superintendencia de Salud y la Subsecretaría de Telecomunicaciones registran una labor proactiva en materia de transparencia y probidad a su juicio sobresaliente y así lo acreditarían la calidad de sus sitios web institucionales.
Código de ética
Finalmente, el gerente de la agenda de probidad informó que, junto al manual que recogerá y difundirá las buenas prácticas, se está trabajando en la elaboración de un Código de Ética Pública y un programa de capacitación de funcionarios estatales en temas de probidad.
El propósito es que un código de normas y cursos de inducción permitan a los funcionarios tener claridad sobre los criterios, interpretaciones y estándares que deben observar frente a situaciones como recibir invitaciones de particulares, regalos, viajes pagados, etc.
El proceso de recopilar y sistematizar todas las normas sobre ética pública que están dispersas en instructivos y leyes lo lleva a cabo un grupo de trabajo que integran la Secretaría General de la Presidencia, el Consejo de Auditoría General de Gobierno y la Dirección del Servicio Civil, además del secretario ejecutivo de la agenda de probidad.
Para la capacitación de empleados estatales en estos temas se cuenta con la asesoría de la oficina del gobierno estadounidense que vela por la ética funcionaria (US Office of Government Ethics), que ha enviado interesante material sobre sus programas de formación.
El nuevo impulso que trae el ministro Viera-Gallo
El encargado de "gerentear" la agenda de transparencia está entusiasmado con la llegada de José Antonio Viera-Gallo al gabinete, porque le permite retomar sus funciones de apoyo al seguimiento legislativo de estos temas, después de cierto ostracismo al que lo relegara la ex ministra Paulina Veloso, quien no le abrió espacios en ese ámbito.
"Con la ministra Veloso teníamos una relación de trabajo fluida. Yo presenté al comité político mi plan de trabajo, que contemplaba orientar las iniciativas de transparencia y probidad en el ámbito administrativo interno y apoyar a los ministros responsables de la tramitación legislativa. Al final se definieron ámbitos de trabajo más delimitados, estancos, y nosotros nos abocamos fundamentalmente al cumplimiento del instructivo presidencial", señaló el abogado.
"Nunca he tenido problemas con ninguna persona del comité político, siempre me sentí muy apoyado, pero la llegada de José Antonio, con quien tengo una excelente relación profesional y de amistad, va a potenciar enormemente la agenda. Con él hemos trabajado juntos estos temas en la sociedad civil, y sé que tiene convicciones personales muy profundas sobre la relevancia de esta materia", aseveró.
Según Blanco, la presencia de Viera-Gallo brinda la oportunidad de avanzar con el acuerdo de los partidos de la Concertación y la Alianza.
"Yo he conversado con las directivas de todos los partidos, y hemos encontrado una muy buena respuesta. Creemos que hay condiciones para un gran acuerdo que permita viabilizar en el corto plazo esta agenda de transparencia y modernización", sostuvo.
Consultado sobre si no existe el peligro de que estos temas se politicen y queden al vaivén de la guerrilla política, responde: "Ese riesgo siempre existe. Siempre está la tentación de utilizar los temas de seguridad ciudadana y de corrupción como temas de guerrilla política. Pero ése sería un error, porque el país es testigo de que cuando los temas relevantes son asumidos con visión de futuro y lógica de Estado, al final todos nos beneficiamos. La reforma procesal penal es un ejemplo emblemático de ello".
Agenda con metas ambiciosas
2007 va a ser el año en el que el país se dote de una nueva y más moderna institucionalidad en materia de transparencia y probidad, lo que le permitirá afianzar su posición como uno de los veinte países más avanzados en el mundo y el primero en América Latina en esta materia, recobrando así posiciones en los rankings internacionales, donde desde hace años permanece algo estancado.
Así lo anticipa el secretario ejecutivo de la agenda gubernamental, quien no duda en poner como desafío el avanzar este año en algunos pedaños en el ranking de Transparencia Internacional. "Es bueno que nos pongamos esa meta este año y que seamos percibidos como un país más transparente y probo", afirma Blanco.
En la agenda legislativa de transparencia, calidad de la política y modernización del Estado hay ocho proyectos en trámite en el Congreso: la reforma constitucional que amplía las inhabilidades de los parlamentarios, la norma que protege a los funcionarios públicos que denuncien irregularidades, el de acceso a información pública, el de "puerta giratoria" (inhabilidad transitoria a funcionarios que pasan desde órganos reguladores a empresas reguladas), el que amplía los servicios sujetos a concursabilidad de los cargos (alta dirección pública), el que da estatus legal al Consejo de Auditoría de Gobierno, el de lobby y el proyecto de transparencia fiscal.
Rafael Blanco asegura que los proyectos próximos a ser ley son el que protege a agentes públicos que denuncien actos de corrupción y el que garantiza el acceso a información pública, creando además un órgano independiente que vele por esa garantía.
Quedan por enviar al Congreso el que crea una agencia de calidad de las políticas públicas y el que moderniza la Contraloría.
"Nunca antes ningún otro gobierno en la historia de Chile había puesto a disposición de la ciudadanía en forma directa tal cantidad y calidad de información".
"La transparencia es un factor inhibidor de conductas y reduce la arbitrariedad en las autoridades públicas, lo que constituye un poderoso antídoto para combatir la corrupción".
SALUDOS CORDIALES
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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