Ningún país latinoamericano tiene, como Chile, un sistema autónomo del Ejecutivo para nombrar a los directivos de la administración pública.
| Hace tres años que Chile cuenta con un sistema de selección de directivos para altos cargos públicos, que lo ha colocado entre los países más avanzados en la materia en América Latina. Y su ambicioso objetivo es hoy colocarse a la par con sus símiles del primer mundo. Varios países de la región tienen sistemas de concursabilidad para asegurar que los mejores profesionales ingresen a la administración del Estado, pero ninguno tiene un sistema autónomo del Ejecutivo, respaldado en una legislación, que garantice tales procedimientos, como sucede en Chile, subraya Mario Waissbluth, uno de los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP). El Sistema de Alta Dirección Pública, que forma parte de una institución mayor que es el Servicio Civil, surgió de un acuerdo transversal gobierno-oposición sobre probidad y transparencia, el año 2003, tendiente a crear una institucionalidad que asegurara nominaciones centradas en la calificación profesional y el mérito para seleccionar a los encargados de implementar una serie de importantes políticas públicas. El 18 de julio de 2007, con 30 votos a favor, uno en contra y una abstención, las nominaciones de los abogados María Luisa Brahm, ligada a Renovación Nacional, y Rafael Blanco, secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno, fueron ratificadas por el Senado para ocupar dos de los cinco asientos del CADP. Ello tras el término del mandato del ex consejero José Florencio Guzmán y de la propia Brahm, quien fue reelecta para el período 2007-2013. Según la Ley Nº 19.882 los citados consejeros (as) deben ser propuestos por el Presidente de la República y ratificados por cuatro séptimos del Senado para ocupar sus cargos por períodos de seis años cada uno, siendo elegidos alternadamente en duplas cada tres años. Con los últimos nombramientos, el Sistema de Alta Dirección Pública entra entonces a una segunda fase de implementación y desarrollo, donde ampliará en forma importante la cantidad de cargos que pasarán por éste. Y eventualmente deberá dar cuenta de nuevos requerimientos que se le hacen sobre el particular, como la eventual selección de algunos directivos de empresas públicas. Además de intentar medir de algún modo el impacto que han tenido, en los diferentes servicios, las nominaciones ya realizadas. No hay que olvidar tampoco que el concepto de Alta Dirección Pública no abarca solamente los máximos cargos directivos de determinadas reparticiones del Estado. También incluye numerosos cargos de segundo y tercer nivel, tanto o más relevantes que los anteriores. En otro orden, asimismo, hay casos de reparticiones públicas cuyos puestos de dirección han sido nombrados casi íntegramente bajo este sistema, tales como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el Instituto de Normalización Previsional (INP). |
Rodrigo González Fernández
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