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sábado, abril 28, 2007

Los valedores ven su trabajo como garantía de la calidad democrática

Los valedores ven su trabajo como garantía de la calidad democrática

Defensores de varias autonomías coinciden en señalar que es preciso un sistema de protección que garantice eficazmente los derechos ciudadanos ·· Abogan por la promulgación de cartas y métodos de evaluación

REDACCIÓN • SANTIAGO

Vázquez Sandes, en el centro, valedor do Pobo, con sus homólogos de Andalucía, izquierda, y Asturias
Vázquez Sandes, en el centro, valedor do Pobo, con sus homólogos de Andalucía, izquierda, y Asturias
Ínigo Lamarca Iturbe, ararteko del País Vasco -figura equivalente a la del defensor del pueblo- explicó ayer que el debate actual sobre la defensa de los derechos ciudadanos y el papel de las administraciones en el cumplimiento de estos derechos es "en el fondo un debate sobre la calidad de la democracia". Lamarca, que asistió ayer en Santiago a unas jornadas organizadas por la Xunta sobre Defensa e pulo dos dereitos cidadáns nas Administracións públicas, señaló que "el ritmo de una sociedad es dinámico y no estático y lo fundamental es que exista un sistema de protección que garantice un reconocimiento eficaz de los derechos ciudadanos".

A juicio del ararteko vasco, las administraciones se están dotando de los instrumentos necesarios "para introducir elementos de calidad en el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía".

Lamarca Iturbe, sin embargo, explicó que este es un proceso permanente, "de ahí que desde el punto de vista de la eficiencia, las administraciones tengan que mejorar a través de planes, cartas de derechos o métodos de evaluación en los que puedan participar los ciudadanos".

La primera carta de derechos ciudadanos que se aprobó en España fue la de Castilla-La Mancha, "impulsada por el Gobierno autonómico en el año 1999", según indicó ayer la defensora del Pueblo de esta comunidad, Henar Merino Senovilla.

Merino consideró un acierto este texto, pero reclamó del ­Ejecutivo castellano-manchego el desarrollo de "cartas sectoriales" y una labor pedagógica "para formar a los propios funcionarios" en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos". La defensora del pueblo de Castilla-La Mancha comentó que el prestigio de estas instituciones de defensa de los ciudadanos frente a las instituciones públicas "hay que ganárselo con el trabajo serio y eficaz, aunque a veces puedas sentirte un poco sólo ante el peligro".

María Antonia Fernández Felgueroso, procuradora general de Asturias, por su parte, explicó que el trabajo de los valedores redunda en la creación de "una ética de la ciudadanía", en la que deben quedar reflejados "tanto el papel de los ciudadanos como el de los gestores". En su opinión, la "Administración debe adelantarse a las necesidades de los ciudadanos" y las instituciones defensoras "vigilar por la eficacia y la calidad de la gestión". José Chamizo, defensor del Pueblo andaluz, defendió la carta de buenas prácticas que su institución tiene en funcionamiento.

Méndez Romeu

Responder más y mejor

El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, aseguró ayer que el Gobierno gallego "asume" el reto de conseguir responder "más y mejor" ante cada vez más ciudadanos que cuentan "con necesidades más diversificadas", según informó Europa Press. En la inauguración de la jornada que reunió a defensores del pueblo de varias comunidades, Méndez Romeu recordó que "asumir con todas sus consecuencias un compromiso serio con una democracia de calidad significa" que los poderes y las administraciones públicas "deben trascender sus necesidades y pensar constantemente que sus actuaciones tienen consecuencias en los ciudadanos".

"La Xunta así lo asume y en esta dirección trabaja con decisión y de forma continuada, avanzando en la construcción de una nueva cultura organizativa para dar una respuesta rápida, eficaz y flexible a una ciudadanía cada vez más heterogénea y que demanda cada vez de forma más exigente", aseguró. En este sentido, el conselleiro de Presidencia explicó que la Carta de Dereitos Cidadáns de Galicia –impulsada por la Administración autonómica– es "el punto de partida" para conseguir "un sociedad mejor".

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